Como si fuera una cruel broma del día de los inocentes, el pasado 28 de diciembre se conocía la intención del gobierno nacional de modificar —a través de la llamada Ley Ómnibus— la Ley Federal de Pesca, permitiendo el ingreso de empresas extranjeras al mar argentino. Por primera vez en décadas, todos los actores de la industria pesquera argentina unieron sus voces y lograron frenar el proyecto… pero esta es una historia que aún no terminó.

Con el diario del lunes, ahora sabemos que la llamada Ley Ómnibus que propuso el gobierno de Javier Milei, finalmente no prosperó. Pero antes de aquellas votaciones de madrugada que el líder libertario interpretó como una traición, hubo semanas y semanas de negociaciones y zozobras: el primer borrador del proyecto de la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos incluía, en la Sección III de su Capítulo VIII, una dramática modificación de la Ley Federal de Pesca que suponía un verdadero cambio de paradigma en cuanto al manejo del recurso en nuestro país.

La principal modificación era la imposición de un sistema de licitaciones internacionales que permitirían el ingreso de capitales extranjeros al mar argentino.

Mostrando un consenso nunca antes visto, todos los sectores de la industria se manifestaron en contra. Todas las provincias con litoral marítimo alzaron su voz. Luego de reuniones y negociaciones hasta último minuto, finalmente toda la Sección III del Capítulo VIII de la ley fue retirada del proyecto antes de su tratamiento infructuoso en el recinto. Pero está claro que esta es una historia que no terminó.

La Industria Pesquera Argentina

Con más de u$s1.700 millones de exportaciones anuales, y capturas que superan las 770.000 toneladas anuales, la pesca constituye la octava actividad económica de nuestro país, generando más de 37.000 puestos de trabajo genuino directos.

España, China, Estados Unidos, Italia, Tailandia, Corea del Sur, Japón, Brasil, Perú y Rusia son los principales países a los que se exportan las más de 450.000 toneladas anuales de productos pesqueros.

Todo esto se logra bajo el paraguas de una Ley Federal de Pesca que habilita el funcionamiento del Consejo Federal Pesquero, un organismo en el que tienen representación tanto el Estado Nacional como todas las provincias con litoral marítimo. A través de sus resoluciones, este organismo busca, entre otras cosas, un manejo sustentable de los recursos del mar argentino, lo que sitúa a nuestro país como un ejemplo internacional en cuanto al cuidado del caladero.

Un Estado (¿demasiado?) presente

Un informe elaborado por CAPEAR ALFA a fines del año pasado revelaba que, cada vez que un barco argentino se propone realizar un viaje de pesca, debe cumplimentar un mínimo de 133 trámites para poder cumplir con las exigencias de las diferentes reparticiones del Estado, ya sea nacional, provincial, o municipal.

No sólo eso, sino que, además, la presión fiscal e impositiva sobre el sector —como sucede en casi todas las actividades en Argentina— es brutal: se estima que, por cada kilo de merluza Hubbsi que se captura, la carga impositiva sobre los costos de producción es del 40,53%.

A esto se suman decenas de resoluciones e imposiciones por parte de diferentes organismos: hay multas por navegar demasiado lento, por tardar mucho en llegar al puerto, porque el barco venga demasiado cargado (aunque la carga sea el combustible y los víveres de la tripulación porque el capitán tuvo suerte, pescó cerca, y el viaje fue más corto), entre muchas otras más.

Sitiados

Mientras el Estado argentino —con la noble intención de cuidar el recurso— se desespera por poner palos en la rueda, en la milla 201 hay una fiesta de depredación sin parangón en el ningún lugar del mundo que nadie controla.

La zona económica exclusiva de nuestro país se extiende hasta la línea de las 200 millas marinas. Se suele utilizar la frase «milla 201» para hablar a la zona aledaña del océano atlántico en la cual, todos los años, cientos de barcos extranjeros operan sin control alguno.

Esta flota internacional, compuesta principalmente por barcos chinos, españoles y coreanos se aprovecha, en muchos casos, de las políticas conservacionistas de nuestro país: ellos pescan los recursos que nosotros cuidamos y que «derraman» hacia la región del océano que es «mar de nadie».

Un caso muy claro es lo que sucede con el abadejo: sobre la línea de la milla 200, hay zonas de veda en las que no se pueden pescar, que coinciden con los «pozos» —regiones del mar más profundas— donde habita esta especie. Tan severos son los controles y las multas, que los barcos argentinos ni siquiera se acercan a estas zonas. Mientras tanto, los barcos coreanos pescan continuamente sobre el límite de la región, llevándose el abadejo que nosotros muy amablemente engordamos para ellos.

La situación es aún peor cuando se pone la atención sobre los barcos españoles: estos buques pescan el mismo producto que los barcos argentinos, e intentan luego colocar su producción en los mismos mercados. Ahora, como operan bajo la bandera del Reino de España, estas empresas no deben pagar los aranceles que impone la Unión Europea para ingresar importaciones, con lo que se genera con los productos argentinos un escenario de competencia desleal.

Cuando uno mira los mapas que muestran los recorridos que hacen los barcos en el océano, queda claro que el mar argentino se encuentra sitiado: la presencia de esta flota internacional en el límite preciso de nuestra zona económica exclusiva es casi constante.

Pero, como sucede en todo sitio, lo que quieren los que están afuera, es entrar para saquear y depredar. En un hecho sin precedentes, el año pasado, España multó a 25 naves que operaban en el Atlántico Sur por apagar sus sistemas de geolocalización. La sospecha es que los barcos realizaron esta maniobra para entrar a la zona económica exclusiva argentina sin ser detectados.

Y si bien su tratamiento en el marco de la Ley Ómnibus no prosperó, el plan para instalar un sistema de licitaciones internacionales sobre los recursos del mar argentino, sigue más que vigente.

Puerto Capurro

Ahora bien, ¿cómo hace una flota integrada por barcos chinos, coreanos y españoles para operar a miles de kilómetros de su puerto de origen? La respuesta es sencilla: lo hace gracias al apoyo explícito del gobierno de Uruguay.

En 2021, la Administración Nacional de Puertos de la República Oriental del Uruguay abrió la licitación internacional para la construcción de una terminal pesquera en el puerto de Montevideo con la expresa intención —así lo dice el pliego de concesión— de brindarle apoyo a la flota china, española y coreana que opera en el Atlántico Sur. Como la licitación quedó desierta por falta de oferentes, la ANP realizó una inversión de u$s100 millones para su construcción.

Este puerto no sólo le brinda apoyo a los barcos que pescan en aguas internacionales, sino que también a aquellos que pescan en las aguas que Argentina disputa con Inglaterra por encontrarse a menos de 200 millas marítimas de las costas de las Islas Malvinas.

Por otra parte, informes de diferentes ONG aseguran que en la flota internacional que opera sin control alguno en la milla 201 las condiciones de trabajo son infrahumanas y que es un escenario propicio para delitos como el trabajo esclavo, la trata de personas y el narcotráfico. En el puerto de Montevideo es frecuente observar situaciones alarmantes, como la llegada de barcos con tripulantes muertos. Sin embargo, el silencio de las autoridades orientales ante estos hechos es total.

Mucho ruido

Federico Sturzenegger es el asesor presidencial que está detrás de la mayoría de los proyectos que tienen que ver con la desregulación de la economía argentina. Recientemente, en una conferencia brindada en una universidad de Miami, el ex director del Banco Central de la República Argentina se refirió a la industria pesquera en nuestro país.

El discurso de Sturzenegger tuvo dos puntos importantes: primero, cuestionó los derechos de propiedad sobre el recurso pesquero. Pero, además, apuntó al nivel de aportes que el sector pesquero hace al Estado.

Según la visión de Sturzenegger, los recursos del mar argentino son de todos. Y tiene razón, la ley lo que dice es que los recursos vivos del mar, son de todos. El tema es que, una vez que alguien lo pesca, ese mismo recurso —que ya no está vivo— pasa a ser propiedad privada.

Por otro lado, el asesor presidencial criticó que el derecho de extracción sea sólo del 0,15%, obviando estratégicamente mencionar todas las demás cargas e impuestos que la pesca —como toda actividad productiva en nuestro país— debe afrontar para poder funcionar.

Además, en una de sus publicaciones más resonantes en el último tiempo, el presidente Javier Milei hizo un fuerte descargo luego del fracaso de la Ley Ómnibus en el congreso en el cual se ocupó especialmente de esta actividad, asegurando: «No vamos a ser cómplices de los negocios de algunos con la industria pesquera».

¿Por qué semejante nivel de encono con una actividad que genera trabajo y divisas, sin depender ni de subsidios ni de préstamos? ¿No debería un gobierno libertario respaldar y apoyar a los empresarios del sector? ¿Qué gana el gobierno instalando este discurso?

Mientras tanto, los barcos poteros chinos siguen iluminando las aguas del atlántico sur de noche, buscando atraer los cardúmenes de calamares. Y ahí, cerquita, también operando en las mismas aguas, están los barcos españoles.

Por ahora, del otro lado de la línea imaginaria de las 200 millas, aunque ese escenario —si se cumple lo que desean algunos— muy pronto, podría cambiar.