La fiscalía pedirá una nueva pericia sobre las operaciones con criptomonedas de Manuel Adorni

La fiscalía solicitará una nueva pericia para analizar las operaciones con criptomonedas que Manuel Adorni presentó ante la Justicia como parte de la explicación sobre el origen de su patrimonio. La medida será impulsada por el fiscal federal Gerardo Pollicita y estará a cargo de la DAFI, el mismo organismo que ya realizó un informe patrimonial sobre el exfuncionario.

Adorni aseguró en su presentación que obtuvo US$591.544,61 a partir de la venta de Bitcoin que había comprado varios años antes de ingresar a la función pública. Según la explicación de su defensa, las operaciones estuvieron vinculadas a ocho direcciones de Bitcoin que registraron movimientos entre 2014 y 2018. Ahora, la Fiscalía buscará comprobar técnicamente la existencia y características de esas operaciones, se analizarán las fechas, los montos y la documentación relacionada con la compra y posterior venta de los activos digitales. La defensa de Adorni será convocada para participar del procedimiento y todo quedará registrado.

Como parte de su descargo, la defensa presentó un acta notarial para sostener que las ocho billeteras de criptomonedas pertenecían a Adorni. También informó que las claves privadas fueron entregadas a su abogado dentro de un sobre cerrado y lacrado, y quedaron a disposición de la Justicia. Uno de los puntos que la Fiscalía pretende profundizar es la trazabilidad de las operaciones realizadas durante 2017,  Adorni sostuvo que en ese período las compras y ventas de Bitcoin se realizaban entre particulares y mediante pagos en efectivo, sin intervención de bancos o plataformas de intercambio. La defensa afirmó que los movimientos de las criptomonedas pueden ser verificados mediante la blockchain, aunque la entrega de los dólares obtenidos se habría realizado fuera del sistema financiero formal. 

Según la reconstrucción presentada por su defensa, Adorni comenzó a comprar Bitcoin en 2014, cuando habría invertido US$1.897,20. En 2017 realizó el mayor volumen de adquisiciones, por aproximadamente US$199.883,20, mientras que las ventas se habrían concretado entre 2017 y 2018, la defensa sostiene que los dólares obtenidos fueron recibidos en efectivo. Los fondos provenientes de esas operaciones también fueron utilizados por la defensa para explicar distintos movimientos posteriores del patrimonio de Adorni, entre ellos gastos, inversiones y operaciones inmobiliarias. Entre estas aparece el pago de US$30.000 en efectivo por un departamento ubicado en el barrio porteño de Caballito.

Otro de los puntos que la Fiscalía buscará profundizar es el costo de las refacciones realizadas en la vivienda de Adorni en el country Indio Cuá, ubicado en Exaltación de la Cruz, en la investigación apareció un monto de US$245.000, que el contratista Matías Tabar aseguró haber recibido de la familia Adorni por los trabajos realizados. La defensa rechazó ese valor y presentó documentación para sostener que el costo de las obras fue considerablemente menor, según un análisis contable presentado ante la Justicia, los desembolsos fueron de aproximadamente US$175.000, mientras que un arquitecto contratado por la defensa estimó el valor de mercado de las refacciones en US$174.954,58.

Para la Fiscalía, esa documentación todavía no alcanza para determinar cuánto costaron realmente las obras. Por eso, también solicitará nuevos elementos que permitan comprobar si el valor de las refacciones fue cercano a los US$174.000 o si, como sostuvo el contratista, alcanzó los US$245.000.

La defensa señaló inconsistencias en la documentación aportada por Tabar, como diferencias entre planillas, gastos sin comprobantes, materiales enviados a otros domicilios y facturas emitidas a nombre del propio contratista. También reconoció que parte de la relación económica se desarrolló de manera informal y que un primer pago de US$35.000 en efectivo se realizó sin recibo. La causa investiga a Adorni por presunto enriquecimiento ilícito y su defensa sostiene que la evolución de su patrimonio tiene un respaldo documental y que los fondos cuestionados pueden explicarse principalmente a partir de las operaciones con Bitcoin. La Fiscalía avanzará con las pericias y la revisión de la documentación para determinar si esa explicación puede ser verificada.

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El Marplatense