España restringe el voto a miles de ciudadanos nacionalizados por la Ley de Nietos

El Tribunal Supremo de España confirmó este lunes la suspensión cautelar del derecho al voto de miles de ciudadanos nacionalizados mediante la denominada Ley de Nietos, una decisión que tendrá consecuencias en las elecciones generales anticipadas previstas para el próximo 29 de noviembre.

La resolución afecta a personas que adquirieron la nacionalidad española a través de la Ley de Memoria Democrática de 2022, una normativa que permitió a descendientes de españoles emigrados o exiliados acceder a la ciudadanía. Entre los potenciales afectados se encuentran argentinos que completaron el trámite y actualmente residen fuera del territorio español.

El máximo tribunal rechazó el recurso presentado por la Abogacía del Estado, al que se había sumado la Fiscalía, y mantuvo la medida cautelar adoptada en septiembre. La decisión alcanza a más de 163.000 personas, aunque su aplicación concreta dependerá de la situación de cada inscripción electoral.

El conflicto se originó a partir de recursos impulsados por Vox e Iustitia Europa, que cuestionaron los criterios utilizados para incorporar nuevos ciudadanos al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).

Uno de los puntos centrales de la controversia es la instrucción administrativa que permitió presumir la condición de exiliados de quienes abandonaron España entre 1936 y 1955, sin exigir en todos los casos documentación específica que acreditara los motivos de su salida.

El Tribunal Supremo consideró necesario revisar esas inscripciones para garantizar la transparencia del proceso electoral. Sin embargo, la suspensión no implica la pérdida de la nacionalidad española, sino una restricción provisional del ejercicio del sufragio para determinados ciudadanos.

Quienes puedan acreditar que sus antepasados fueron exiliados por motivos políticos, ideológicos, religiosos o vinculados con su orientación o identidad sexual podrán quedar exceptuados de la medida.

La decisión genera especial preocupación entre las comunidades españolas residentes en el exterior, particularmente en Argentina, donde numerosas familias tramitaron la ciudadanía a partir de sus vínculos con padres, abuelos y otros ascendientes españoles.

De acuerdo con los datos difundidos por el Gobierno español, hasta junio de 2026 más de 544.000 personas habían obtenido la nacionalidad mediante esta legislación, aunque no todas se incorporaron al padrón electoral de residentes en el extranjero.

Por su parte, la Abogacía del Estado y la Fiscalía habían advertido sobre las dificultades materiales para revisar los expedientes antes de los comicios. También plantearon que la suspensión podía afectar derechos fundamentales de ciudadanos que ya habían obtenido legalmente su nacionalidad.

La resolución no fue unánime, ya que una magistrada expresó su desacuerdo con el criterio adoptado por la mayoría del tribunal.

En este escenario, los ciudadanos españoles residentes en Mar del Plata y otras ciudades argentinas que hayan obtenido su nacionalidad mediante la Ley de Nietos deberán verificar su situación en el censo electoral para determinar si podrán participar de las elecciones.

El padrón aplicable a los comicios del 29 de noviembre corresponde al cerrado el 1 de agosto de 2026, aunque figurar en él no garantiza automáticamente el derecho a votar para quienes estén alcanzados por la suspensión judicial.

Mientras continúan las controversias legales, la decisión introduce un nuevo foco de tensión en el escenario político español, a pocas semanas de unas elecciones anticipadas que definirán la composición del Congreso y el futuro del Gobierno.