Denuncian la "criminalización" de ambientalistas de Chapadmalal e invocan el Acuerdo de Escazú

Organizaciones ambientales, colectivos vecinales y agrupaciones territoriales de la zona de Chapadmalal emitieron un duro comunicado para expresar su "más firme repudio" ante la imputación y procesamiento penal de varios de sus integrantes por parte del Ministerio Público Fiscal del Departamento Judicial de Mar del Plata.

Desde las entidades calificaron el accionar judicial como "ilegal, abusivo, violento e intimidatorio", y advirtieron que representa una amenaza concreta contra el Estado de Derecho al perseguir penalmente a vecinos autoconvocados.

"Defensores ambientales, no delincuentes"

En el pronunciamiento conjunto, las organizaciones subrayaron que los referentes imputados pertenecen a la Asamblea Luna Roja y otros colectivos de la región que llevan adelante una tarea pública y reconocida de concientización, recopilación de información y resguardo de la salud y el entorno natural en la zona sur del partido de General Pueyrredon. 

"Las personas afectadas actúan de manera pública y reconocida en la defensa del ambiente y los Derechos Humanos. Deben ser protegidas y nunca perseguidas por el Estado", sostuvieron en diálogo con El Marplatense.

La vigencia del Acuerdo de Escazú

Un punto central de la denuncia radica en el incumplimiento de la legislación nacional e internacional. Las agrupaciones remarcaron que el accionar del Ministerio Público Fiscal vulnera de manera directa el Acuerdo de Escazú (Ley Nacional 27.566), un tratado ambiental pionero en América Latina y el Caribe.

Dicho marco normativo no solo garantiza el libre acceso a la información pública, la participación ciudadana y la justicia ambiental, sino que obliga expresamente a los Estados a resguardar la seguridad e integridad de los defensores de derechos ambientales, prohibiendo cualquier tipo de represalia o judicialización por su labor comunitaria.

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El Marplatense