Caza furtiva en la Provincia: impulsan multas más severas y hasta 15 años de inhabilitación
La Legislatura bonaerense analiza modificar el Código Rural para endurecer las sanciones contra quienes ingresen ilegalmente a campos privados para cazar. La propuesta contempla multas de hasta 30.000 unidades fijas, decomiso de armas y perros, y restricciones para obtener permisos de caza.
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La caza furtiva en establecimientos rurales de la provincia de Buenos Aires volvió a instalarse en la agenda legislativa. Ante la preocupación por el ingreso de grupos organizados a propiedades privadas, diputados bonaerenses buscan avanzar con una reforma del Código Rural que permita aplicar sanciones más estrictas y fortalecer la seguridad en los campos.
La Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados decidió postergar el tratamiento de un proyecto presentado por la Coalición Cívica, con la intención de incorporar sus principales disposiciones a una modificación de la normativa provincial vigente.
La iniciativa fue impulsada por el legislador Luciano Bugallo, con el acompañamiento de Andrés De Leo, y apunta a combatir las incursiones de cazadores que utilizan perros, armas de fuego y vehículos para perseguir o capturar animales silvestres sin autorización de los propietarios.
Entre las medidas propuestas se encuentra la aplicación de multas de entre 1.000 y 20.000 unidades fijas para las conductas consideradas infracciones graves contra la seguridad rural. Además, quienes ingresen ilegalmente a establecimientos privados con fines de caza podrían recibir sanciones económicas de entre 5.000 y 30.000 unidades fijas.
El proyecto también establece un incremento del 50% en las sanciones cuando participen tres o más personas, se utilicen vehículos, los hechos ocurran durante la noche, existan antecedentes o se afecten espacios protegidos.
Otra de las disposiciones contempla la inhabilitación durante diez años para obtener permisos de caza, plazo que podría extenderse a quince años en los casos de ingreso no autorizado a propiedades rurales.
Asimismo, se propone el decomiso de armas, cuchillos, herramientas, perros y animales capturados, junto con el secuestro preventivo de los vehículos involucrados. En el caso de los perros, la iniciativa prevé controles veterinarios y su posterior derivación a refugios o asociaciones protectoras, con posibilidades de adopción responsable.
El texto también plantea la creación de un Registro Provincial de Infractores por Caza Furtiva Organizada, que funcionaría bajo la órbita del Ministerio de Seguridad bonaerense.
Actualmente, el artículo 273 del Código Rural ya establece restricciones para determinadas prácticas, como la conformación de cuadrillas de caza y la actividad nocturna. Sin embargo, los impulsores de la reforma consideran que las herramientas legales existentes no resultan suficientes para prevenir estos episodios.
La preocupación también fue manifestada por el Foro de Seguridad Rural Argentino (FOSERA), que advirtió sobre los riesgos que representan estas incursiones para productores agropecuarios, trabajadores y familias que residen en establecimientos rurales.
Por el momento, las nuevas sanciones no están vigentes. El debate continuará en el ámbito legislativo, donde se buscará definir una reforma que contemple tanto la protección de la fauna silvestre como la seguridad de las propiedades rurales.
