Ezeiza: 52 penitenciarios son llevados a juicio por torturas en la reprimenda de un motín en 2019

Cincuenta y dos penitenciarios de la cárcel de Ezeiza, incluidos jefes de la unidad y dos médicos, fueron elevados a juicio oral y público por torturar presos durante un motín ocurrido en 2019, durante el cual apilaron a los detenidos en una “montaña humana”, gasearon a nueve reclusos por la mirilla de una celda individual y los dejaron cuatro días sin comer.

La decisión de llevar a juicio a los penitenciarios fue tomada por por el juez federal Juan Tomás Rodríguez Ponte a pedido de la fiscal Cecilia Incardona y el fiscal general Alberto Gentili, titular de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), y de la Procuración Penitenciaria de la Nación,  que es querellante.

Los sucesos comenzaron la tarde del 9 de junio, cuando un grupo de presos del pabellón B de la  de la Unidad Residencial III del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza protestó por un cambio en el horario de visitas. Estos insultaron a los celadores, arrojaron objetos contra el acrílico de la celaduría y prendieron fuego colchones de goma espuma. Este suceso culminó en las acciones que serán juzgadas.

 Ante el incendio, el jefe de turno pidió la intervención de grupos operativos para entrar al pabellón y restablecer el orden. Para esto se creo un “cuerpo de requisa extraordinario” con agentes de la División Registros y del Grupo Especial para la Resolución de Incidentes (GERI), equipados con escudos, cascos, tonfas, aerosoles de gas pimienta y escopetas con munición antitumulto.

De acuerdo a la acusación, los integrantes del GERI dispararon desde la puerta hacia el interior de la celda, y "en algunas ocasiones apuntando directamente al cuerpo de los internos” y no en forma disuasiva.

Una vez dentro, empujaron a los presos hacía un rincón entre las celdas 9 y 10, donde cayeron unos sobre otros y formaron lo que el expediente llama una “montaña humana”.

Reducidos y sin posibilidad de resistir, los golpearon, les tiraron gas pimienta en la cara y les dispararon a corta distancia. En el pabellón había 32 detenidos. El Cuerpo Médico Forense constató lesiones en 15 de ellos, dos con fracturas de cúbito.

A su vez, nueve presos se habían refugiado en la celda 10, que es individual, y cerraron la puerta. Según la acusación, un grupo de agentes les roció gas pimienta por la mirilla y otros lo hicieron desde el patio, por la ventana, mientras los insultaban.

La agresión se prolongó pese a los gritos de auxilio. Uno de los detenidos llegó a meter la cabeza en el inodoro, desesperado porque no podía respirar.

Terminada la requisa, cada preso fue obligado a desnudarse frente a su celda y a dar cuenta de sus lesiones ante los mismos agentes que acababan de participar del operativo. Durante esto, los dos médicos de guardia, Martín Perisset y Fernando Troisi, miraron el operativo desde el pasillo y, según la causa, cuando entraron no examinaron a los presos.

Uno de los internos logró grabar la secuencia, lo que se volvió una prueba clave para el juicio.

Por otro lado, tras terminar la revueltaal día siguiente, el Comité de Seguridad de la unidad propuso un régimen de “sectorización”, que dispuso el director de la Unidad Residencial III, Benedicto Rafael Aguilar, y aplicaron los jefes de turno entre el 10 y el 13 de junio.

Según la acusación, las cuatro raciones diarias se dejaban en el piso del pabellón, fuera del alcance de los presos encerrados. Desde sus celdas, los internos veían cómo las ratas se comían sus alimentos. Además el pabellón no tenía luz, los inodoros y lavatorios estaban tapados y las ventanas no tenían cerramiento, en pleno invierno.

El régimen terminó el 13 de junio, cuando llegó una comitiva del Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias y encontró a los detenidos gritando por comida y agua, y las viandas tiradas en el suelo.

Por estos hechos, irán a juicio unos 29 agentes de la División Registros, 6 del GERI y 3 jefes de turno. El delito prevé penas de 8 a 25 años de prisión.

Están acusados de tortura, abuso de autoridad y falsificación de documentos públicos, el director Aguilar y seis integrantes del Comité de Seguridad, a su vez que los médicos irán a juicio por falsedad ideológica y omisión de denunciar torturas, y dos celadores, un inspector y un auxiliar, por falsear actas.

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El Marplatense