Zona Roja: qué dice el proyecto de Montenegro que determina multa o arresto
Por Carlos Walker
Antes de que finalizara el 2021, el intendente Guillermo Montenegro elevó al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que establece que la oferta y/o demanda de sexo en la vía pública sólo podrá llevarse a cabo en los lugares y horarios específicamente habilitados por el Departamento Ejecutivo Municipal y especifica que “no podrá llevarse a cabo en lugares en los que hubiere vecinos frentistas con residencia domiciliaria”.
Asimismo, el proyecto establece que luego de determinar estos lugares, de verificarse la oferta y/o demanda de sexo en lugares u horarios no habilitados, se impondrá a los participantes una multa de mil a cinco mil Unidades fijas (90 pesos cada unidad) y/o arresto de cinco a treinta días.
Entre los argumentos se recuerda que la ley provincial 15.041 en 2018 fijó que estas actividades ya no configuran ni delito ni contravención y que es una actividad que no está regulada por el Estado pero debe ser analizada “cuando en el marco de su ejercicio, colisiona con los derechos del resto de los ciudadanos”.
De esta manera, la iniciativa establece “que la actividad no podrá llevarse a cabo en lugares en los que hubiere vecinos frentistas con residencia domiciliaria” y al mismo tiempo se determina un plazo de cuarenta y cinco días para la recepción de solicitudes o realización de reuniones para la determinación de los lugares y horarios señalados en el artículo 1°. Vencido dicho plazo el Departamento Ejecutivo Municipal los determinará sin más trámite.
El Marplatense tuvo acceso al expediente. En la iniciativa, el jefe comunal remarcó que “en el marco jurídico actual, el ejercicio de la prostitución no configura ni un delito ni una contravención. Por otra parte, el ejercicio de dicha actividad tampoco se encuentra regulado por el Estado”.
“En ese contexto, se da lugar a que la oferta y/o demanda de sexo ocurra en la vía pública sin delimitación espacial alguna, y en horarios de circulación de vecinos en zonas residenciales, perturbando la tranquilidad y seguridad de los mismos”, añadió.
A su vez, el titular del Ejecutivo comunal manifestó que “dicha actividad suele ocurrir en las aceras destinadas al paso peatonal así como sobre las calles, generando inconvenientes a los peatones y a los vecinos y sus familias, configurando asimismo una situación de peligro para la seguridad vial”.
“Esta actividad debe ser analizada por el Estado cuando en el marco de su ejercicio, colisiona con los derechos del resto de los ciudadanos. Con todo lo dicho, resulta necesario establecer lugares seguros y ordenados destinados a que la actividad, en caso de desarrollarse en espacios públicos, sea llevada a cabo en lugares específicos que no se encuentren circundados por vecinos sobre los cuales pueda incidir la situación precedentemente descripta”, resaltó.
“Lo expuesto no implica perseguir, maltratar u hostigar a quienes demandan o ejercen la prostitución, ni resulta bajo ningún aspecto contrapuesto a iniciativas que tiendan a mejorar la situación de dichos colectivos, sino asegurar la tranquilidad de los vecinos”, sentenció Montenegro.
