Una serie de audios revelaron órdenes de Lázaro Báez a un presunto narco desde la cárcel
En las conversaciones, se escucha cómo el empresario da instrucciones sobre la administración de campos e inmuebles embargados.
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Una serie de escuchas telefónicas entre Lázaro Báez y Cristian Sebastián “Budín” Ibáñez, un presunto narcotraficante al cual se lo investiga por los vínculos con el empresario, revelaron cómo Báez impartía órdenes desde la cárcel de Ezeiza sobre administrar y explotar propiedades alcanzadas por medidas judiciales.
Las conversaciones forman parte de una investigación federal por presunto lavado de dinero, asociación ilícita y maniobras vinculadas al narcotráfico. La justicia sospecha que Báez mantenía el control de su patrimonio mediante una red de colaboradores, entre los que figuran Claudia Insaurralde y el propio Ibáñez.
Este material fue incorporado a la investigación que lleva adelante la fiscalía federal de Río Gallegos, encabezada por Julio Zárate, con intervención de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos(PROCELAC).
En las escuchas se pudo conocer una serie de conversaciones que mantuvieron ambos sobre la la administración de dos estancias de Santa Cruz: La Entrerriana y Alquinta. Allí se conoció cómo Báez impartía órdenes desde la cárcel y se mostraba molesto con Ibáñez por la contratación de dos empleados en La Entrerriana. En el audio Báez insiste en que las designaciones deben responder a sus instrucciones, y le exige que contrate a una persona de confianza.
Las conversaciones son consideradas relevantes para la investigación porque muestran que, pese a encontrarse detenido, el empresario seguía dando instrucciones sobre quién debía administrar los establecimientos y cómo organizar las actividades en su interior.
La hipótesis de la fiscalía es que Ibáñez actuaba como uno de los operadores de confianza del empresario, encargado de ejecutar instrucciones y participar en la administración de bienes que estaban bajo la órbita de la Justicia.
A su vez, otros audios revelaron una serie de conversaciones relacionado al alquiler de inmuebles utilizados por empresas vinculadas a servicios médicos en Río Gallegos.
Por otro lado, las escuchas forman parte de una causa sobre una presunta organización narcotraficante que operaba en Santa Cruz. Los investigadores sospechan que una banda transportaba cocaína mediante camiones de una empresa y utilizaba distintos puntos de distribución. Y uno de los señalados de esta banda es Ibáñez, quien aparece como un supuesto colaborador de Báez.
La investigación derivó en 27 allanamientos, tanto en Santa Cruz como en Buenos Aires, además hubo diversas detenciones y secuestros de documentación, vehículos, armas y estupefacientes. Y entre los detenidos se encuentran Ibáñez e Insaurralde, la pareja del empresario, quien tenía facultades para intervenir en la administración de sus propiedades.
A su vez, se allanó la celda de Báez en el penal de Ezeiza en búsqueda de elementos que permitieran reconstruir las operaciones bajo sospecha. Y después del procedimiento, el empresario quedó incomunicado.
Lázaro Báez cumple una condena unificada de 15 años de prisión por las causas Ruta del Dinero K y Vialidad. Ahora, los investigadores intentan determinar si, incluso desde su lugar de detención, continuó dirigiendo una estructura destinada a explotar bienes alcanzados por embargos y medidas de decomiso.
