Sigue la puja entre la Libertad Avanza y sus aliados por cambios en la ley Malvinas

El Gobierno nacional continua con su dialogo con sus aliados en el Congreso para aprobar tres proyectos que considera clave, el Presupuesto 2027, la Ley de Reforma Electoral y la Ley de Soberanía Nacional. 

Este último proyecto si bien cuenta con el dictamen de mayoría y el oficialismo consiguió incorporarla al temario de la sesión prevista para el próximo miércoles 18, los bloques dialoguistas reclamaron modificaciones al texto antes de acompañarlo en el recinto. Uno de los puntos que  incomoda a la oposición es el Capítulo VII, denominado “Fortalecimiento de la soberanía en los procesos electorales y otras modificaciones”, que introduce cambios en los códigos Electoral y Penal de la Nación.

En lo que respecta a los cambios, el oficialismo se ha mostrado poco flexible a realizarlos. Ya que, en el Título II eliminaron el concepto de “seguridad nacional” y lo reemplazaron por el de “asuntos estratégicos”, aunque sin modificar su composición. Siendo el Presidente de la Nación quien esté al frente del consejo junto con ministros y la SIDE.

A su vez, otro punto que preocupa a la oposición en el accionar del consejo es en la seguridad interior, ya que este podría tomar decisiones sin pasar por el Congreso de la Nación, como por ejemplo establecer el estado de sitio. Y para esto se incorporó una salvedad: y es que debe darse intervención al Ministerio de Seguridad en las reuniones que celebre el Consejo, en calidad de miembro no permanente.

Por otro lado, otro punto el cual la Libertad Avanza se muestra reacio a cambiar es el referido al Título VII, denominado “Fortalecimiento de la Soberanía en los Procesos Electorales y Otras Modificaciones”.

En este se introduce un paquete de reformas centrado en la injerencia extranjera y la seguridad electoral: Prohíbe el financiamiento de campañas políticas por parte de personas humanas extranjeras sin residencia permanente y de personas jurídicas extranjeras, con multas de hasta diez veces el monto aportado.

 A su vez, modifica el Código Penal para endurecer las penas contra funcionarios públicos, militares o agentes de inteligencia que faciliten operaciones extranjeras contra la seguridad nacional, y crea nuevas figuras delictivas: el espionaje a favor de un Estado extranjero (penas de 5 a 20 años), el apoyo material a operaciones clandestinas de inteligencia (3 a 10 años), la organización o financiamiento de “campañas de injerencia extranjera” o actos de sabotaje (5 a 15 años), y el encubrimiento de estos delitos por parte de funcionarios con conocimiento directo de los hechos (1 a 6 años).

Se espera que este proyecto de ley vaya al recinto la semana próxima, junto a otros que ya cuentan con media sanción. 

Aunque de aprobarse,  el oficialismo deberá de esperar 48 horas para tratarlo en  Senado, por lo que no quedaría plazo para que pueda ser sancionado antes de que termine el período de sesiones ordinarias. Dado este impedimento, el proyecto sería uno de los temas que la Casa Rosada incluiría en el temario para las sesiones extraordinarias.

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El Marplatense