Rige el nuevo plan de ARBA para regularizar deudas vencidas durante la pandemia
El régimen de regularización regirá hasta el 31 de diciembre de 2020, y está destinado a los contribuyentes que hayan tenido caída de ingresos debido al impacto de la pandemia de coronavirus.
En un comunicado, el director de ARBA, Cristian Girard, explicó al momento de anunciar la medida que “el plan de pagos forma parte del programa de asistencia tributaria que impulsó el gobernador (Axel) Kicillof para acompañar y sostener a los contribuyentes bonaerenses afectados por la crisis que generó el Covid-19, en especial las pymes, comercios, microempresas, autónomos y demás sectores medios”.
El régimen de regularización, que entró en vigencia ayer, abarca deudas de los impuestos sobre los Ingresos Brutos, Inmobiliario (en su componente básico) y Automotores, siempre que no se encuentren en instancia de fiscalización, determinación o discusión administrativa, ni en proceso de ejecución judicial.
“Los contribuyentes que hayan tenido problemas para mantener su nivel de ingresos podrán pagar en 12 cuotas sin interés o bien en hasta 18 a tasa fija. El plan incluirá deudas vencidas entre el 1 de marzo y el 30 de noviembre de 2020, lo que permitirá abarcar la mayor parte de los vencimientos de este año”, aclaró Girard.
Para acceder al programa de regularización, que se tramita directamente por internet desde arba.gob.ar, hay que ser contribuyente de Ingresos Brutos y estar inscripto en el registro ActiBA en la web del Ministerio de Producción bonaerense, o bien en el Agro Registro Mipymes de la cartera de Desarrollo Agrario provincial.
Este programa de regularización de deudas generadas durante la pandemia se suma a otros beneficios impositivos implementados por ARBA en las últimas semanas, como la ampliación del plan permanente de pagos y las bonificaciones de hasta el 50 por ciento en Ingresos Brutos para contribuyentes de 206 actividades económicas.
Las medidas de asistencia tributaria también prevén la reducción de alícuotas en regímenes de retención y percepción; mejoras en el proceso de devolución de saldos a favor; y otros beneficios destinados a aliviar la situación financiera de las empresas que actúan como agentes de recaudación.
