¿Impuesto al viento?: Olavarría reabre una vieja disputa

El municipio acordó cobrar un gravamen por cada megawatt de potencia instalada, mientras dos recientes fallos de la Corte Suprema podrían abrir una nueva discusión sobre los límites de estas tasas.

El antecedente remite a Puerto Madryn. En 2020, empresas como Genneia y PAE recurrieron a la Justicia contra un gravamen municipal que representaba casi el 5% de la facturación de los parques eólicos. La Justicia federal frenó su implementación al considerar que se trataba, en los hechos, de un impuesto encubierto.

En Olavarría, el municipio primero intentó aplicar una Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene del 1,38% sobre la facturación de los parques. Luego modificó el esquema y acordó cobrar entre USD 700 y 850 por MW de potencia instalada, a cambio de estabilidad fiscal durante 20 años.

La ciudad cuenta con cuatro parques eólicos y 82 aerogeneradores. Con la entrada en funcionamiento del parque de PCR y ArcelorMittal Acindar, prevista entre diciembre y enero, la recaudación municipal por esta tasa se estima entre USD 360.000 y 380.000 anuales.

La discusión no se limita a la energía eólica. Una tasa municipal, explicó Matías Olivero Vila, de País con Lógica, debe tener como contraprestación un servicio concreto e identificable y su monto debería guardar relación con los costos de esa prestación.

En ese punto aparecen dos fallos de la Corte Suprema dictados el 10 de septiembre, en causas contra los municipios de Córdoba y Pergamino. Según Olivero Vila, las decisiones establecieron límites sobre la forma de calcular determinadas tasas y podrían ser utilizadas por contribuyentes que cuestionen gravámenes municipales.

El posible alcance incluye a parques eólicos, bancos, supermercados y otros sectores. El principal obstáculo, sin embargo, es el tiempo: los dos litigios que llegaron recientemente a la Corte habían comenzado entre 10 y 18 años antes de las respectivas sentencias.

Fuente: Infobae

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El Marplatense