Régimen Penal Juvenil: el Gobierno creó un programa para coordinar su implementación
El Gobierno nacional creó el Programa de Implementación del Régimen Penal Juvenil, una nueva estructura destinada a coordinar las acciones necesarias para poner en funcionamiento la Ley 27.801 en el ámbito de la Justicia Nacional y Federal.
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La medida quedó formalizada a través de la Resolución 484/2026 del Ministerio de Justicia, publicada este viernes en el Boletín Oficial y firmada por el ministro Juan Bautista Mahiques. El programa funcionará dentro de la Dirección Nacional de Política Criminal en Materia de Justicia y Legislación Penal, dependiente de la Subsecretaría de Política Criminal.
La normativa establece que el programa actuará como instrumento para organizar y coordinar las distintas tareas que debe llevar adelante el Ministerio de Justicia como autoridad de aplicación del Régimen Penal Juvenil.
Entre los objetivos establecidos se encuentra avanzar en una implementación integral del régimen dentro de la competencia de la Justicia Nacional ordinaria y Federal. También se apunta a desarrollar intervenciones basadas en evidencia para reducir la reincidencia, fortalecer la participación y protección de las víctimas, capacitar a los operadores judiciales y mejorar la coordinación entre organismos nacionales y jurisdicciones locales.
El programa estará encabezado por una coordinadora. La resolución designó para esa función, con carácter ad honorem, a Débora Eliana Di Girolamo.
La funcionaria tendrá a su cargo la conducción y supervisión de las diferentes líneas de trabajo que se desarrollen dentro de la nueva estructura.
Uno de los principales ejes estará relacionado con el Cuerpo de Supervisores del Régimen Penal Juvenil. La normativa establece que el programa deberá administrar y supervisar el funcionamiento de este cuerpo profesional y avanzar en la estandarización de los protocolos utilizados para realizar el seguimiento de las medidas judiciales.
Entre otras tareas, los supervisores deberán acompañar la evolución de los adolescentes, mantener entrevistas, elaborar informes y trabajar junto con otros profesionales vinculados a cada caso.
La resolución también aprobó el Reglamento del Registro de Supervisores del Régimen Penal Juvenil y el denominado Manual del Supervisor Juvenil, que establece pautas para la intervención de estos profesionales.
Otro de los puntos centrales será la formación especializada de quienes intervengan en el sistema de justicia penal juvenil.
El programa tendrá a su cargo impulsar actividades de capacitación y actualización profesional dirigidas a magistrados, funcionarios y otros operadores que se desempeñen en la Justicia Nacional ordinaria y Federal. El objetivo es generar criterios técnicos específicos para la aplicación del nuevo régimen y acompañar su implementación en las distintas instancias judiciales.
La resolución también incorpora como uno de sus ejes la atención de las personas afectadas por delitos cometidos por adolescentes alcanzados por el régimen. Para ello, el programa deberá coordinar acciones con la Subsecretaría de Acceso a la Justicia, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de orientación, asistencia, derivación y atención integral.
También se prevé facilitar el acceso al patrocinio jurídico gratuito en aquellos casos que, por sus características, requieran este tipo de asistencia.
La implementación del régimen también contempla una instancia de coordinación entre el Estado nacional, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires.
En este sentido, el nuevo programa brindará asistencia técnica y operativa a la Mesa Federal del Régimen Penal Juvenil, destinada a facilitar el intercambio de información y buenas prácticas y la coordinación de criterios entre las distintas jurisdicciones.
Además, tendrá participación en el funcionamiento del Comité Interministerial del Régimen Penal Juvenil, que articula con organismos nacionales vinculados con áreas como seguridad, salud, educación, trabajo y protección de niños, niñas y adolescentes. La resolución también establece la creación de mecanismos permanentes de monitoreo y evaluación.
El programa deberá producir y sistematizar información sobre el desempeño institucional, el cumplimiento de las medidas y penas y los niveles de reincidencia. El objetivo es contar con información que permita evaluar el funcionamiento del régimen y realizar modificaciones cuando sean necesarias.
Además, se coordinará con el Registro Nacional de Reincidencia la implementación de una sección especial destinada a las personas alcanzadas por la Ley 27.801, bajo protocolos que contemplen el acceso autorizado y la reserva de la información.
La Resolución 484/2026 establece que la medida entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial. De esta manera, el Ministerio de Justicia formalizó una estructura específica para avanzar con la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil y coordinar sus diferentes componentes a nivel nacional.
