Baja de la edad de imputabilidad: la Fiscalía apeló y ahora define la Cámara

La discusión judicial por la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil sumó un nuevo capítulo en la Ciudad de Buenos Aires. La fiscal de Cámara Sandra Verónica Guagnino dictaminó a favor de dejar sin efecto la resolución de la jueza Laura De Marinis, quien había declarado inconstitucional la aplicación de la normativa que establece en 14 años la edad mínima de responsabilidad penal.

El pronunciamiento de Guagnino respaldó la apelación presentada previamente por los fiscales Mauro Tereszko y Paula Raffa Pirra, integrantes de la Unidad Fiscal Especializada en Materia Penal Juvenil. El planteo cuestionó el sobreseimiento de un adolescente de 14 años investigado por tentativa de robo.

La decisión definitiva quedará en manos de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas porteña, integrada por los jueces Ignacio Mahiques, Martín Larocca y Fernando Franza.

El expediente se inició por un hecho ocurrido el 10 de septiembre en la Ciudad de Buenos Aires. Según la reconstrucción judicial, un hombre de 47 años habría sido seguido por un grupo de adolescentes mientras caminaba por la vía pública.
De acuerdo con la investigación, uno de los jóvenes le habría exigido sus pertenencias. La víctima logró alejarse y pidió asistencia a un efectivo policial. La intervención de los agentes evitó que el robo llegara a concretarse. Uno de los adolescentes, de 14 años, quedó involucrado en la investigación por tentativa de robo.

El 21 de septiembre, De Marinis resolvió sobreseer al adolescente y declaró, exclusivamente para ese expediente, la inconstitucionalidad del artículo de la Ley 27.801 que establece en 14 años la edad mínima de responsabilidad penal.
La magistrada aclaró que su resolución no implicaba invalidar la legislación de manera general. Su decisión se limitó a las circunstancias particulares del caso analizado. La jueza sostuvo que el proceso penal podía resultar incompatible con los principios de protección integral de los adolescentes en esas circunstancias.

Los fiscales que apelaron la resolución sostuvieron que declarar inconstitucional una norma debe ser una medida excepcional y que, antes de llegar a esa instancia, debe analizarse si existe una interpretación compatible con la Constitución.
También cuestionaron que la jueza hubiera dejado de aplicar una ley vigente sancionada por el Congreso. Según el planteo fiscal, esa decisión podría afectar el principio de división de poderes.

Otro de los argumentos fue que la resolución no habría explicado de manera suficiente de qué forma concreta la investigación penal vulneraba el derecho a la protección integral del adolescente.

Además de solicitar que se revoque el sobreseimiento, los fiscales pidieron el apartamiento de De Marinis del expediente y que se realice un nuevo sorteo para determinar qué magistrado continuará con la causa.

Con el dictamen de Guagnino, la Fiscalía de Cámara quedó alineada con el planteo realizado en primera instancia. Sin embargo, la decisión final estará a cargo de los integrantes de la Cámara porteña. El tribunal deberá determinar si mantiene el sobreseimiento y los fundamentos de la jueza o si acepta el recurso fiscal y revierte la resolución.

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El Marplatense