Presupuesto 2027: el Gobierno acordó debatirlo el 25 de noviembre

El Gobierno nacional consiguió un principio de acuerdo con sus aliados parlamentarios para avanzar con el tratamiento del Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados. Tras una reunión entre representantes de La Libertad Avanza y los bloques dialoguistas, se estableció el martes 17 de noviembre como fecha para buscar dictamen y el miércoles 25 para debatir la iniciativa en el recinto.

La negociación, que se desarrolló en las oficinas de la Presidencia de la Cámara baja, estuvo encabezada por el jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, junto a otros referentes oficialistas. Por la oposición dialoguista participaron representantes del PRO, la UCR, Provincias Unidas y otros espacios.

El entendimiento llegó después de varios reclamos de los bloques aliados, que condicionaron su acompañamiento a la incorporación de modificaciones en distintos puntos del proyecto. Entre los principales planteos aparecen la distribución de recursos para la Ciudad de Buenos Aires, los beneficios impositivos para la industria automotriz y autopartista, el financiamiento universitario y las partidas destinadas a las personas con discapacidad.

Desde el PRO confirmaron que el oficialismo aceptó incorporar algunas de sus propuestas, entre ellas la prórroga de los regímenes de promoción para la industria autopartista hasta 2032. La medida contempla beneficios impositivos como la devolución acelerada del IVA, amortización anticipada en Ganancias y la eliminación de retenciones para determinadas exportaciones.

Sin embargo, las negociaciones no se limitaron al Presupuesto. Otro de los temas que generó diferencias fue el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa que el Gobierno pretende llevar al recinto el próximo 18 de noviembre.

El proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional generó objeciones entre los bloques dialoguistas, que reclamaron modificaciones antes de comprometer su respaldo.

Ese apartado introduce cambios en los códigos Electoral y Penal de la Nación. Desde distintos sectores consideran que algunos de sus artículos podrían afectar la libertad de expresión y abrir la puerta a interpretaciones amplias sobre las actividades consideradas injerencia extranjera.

Desde el oficialismo se mostraron dispuestos a introducir modificaciones, aunque rechazaron eliminar por completo ese apartado. La discusión será determinante para conseguir los votos necesarios, ya que los cambios en materia electoral requieren una mayoría absoluta de la Cámara de Diputados: 129 votos afirmativos.

Entre los puntos más controvertidos se encuentra la incorporación de una figura penal vinculada con las campañas de injerencia extranjera. El texto contempla acciones planificadas y sostenidas, de carácter clandestino, engañoso, coercitivo o ilícito, que oculten su vínculo con un agente extranjero.

Si bien la redacción excluye expresamente actividades como el periodismo, la investigación académica, la diplomacia y la representación abierta de intereses, persisten cuestionamientos sobre el alcance de la figura y sus posibles consecuencias.

Otro de los ejes centrales de la iniciativa es la creación de un régimen de sanciones para quienes exploten recursos naturales sin autorización argentina en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.

El proyecto contempla penas de prisión, multas e inhabilitaciones para quienes participen de actividades de explotación de recursos naturales en esos territorios sin autorización nacional.

La propuesta también incorpora modificaciones en materia de seguridad nacional y legislación de inteligencia. Aunque ya cuenta con dictamen de mayoría, el oficialismo deberá resolver las diferencias con sus aliados antes de avanzar con su tratamiento.

El financiamiento de las políticas de discapacidad también se convirtió en una condición importante dentro de las negociaciones presupuestarias.

Representantes del PRO y del MID reclamaron que el Presupuesto 2027 contemple los recursos necesarios para garantizar las prestaciones y el funcionamiento del sistema. Incluso advirtieron que no acompañarán la iniciativa si no se incorporan las partidas correspondientes.

El planteo está relacionado con la nueva Ley de Discapacidad, que ya obtuvo media sanción en Diputados y consiguió dictamen en el Senado. La propuesta busca establecer un esquema permanente de prestaciones y financiamiento, garantizar la continuidad de programas de asistencia y asegurar la compatibilidad de las pensiones no contributivas con el empleo formal.

Las universidades nacionales también forman parte de los reclamos. Desde los sectores dialoguistas solicitaron mayores recursos para el sistema universitario y para las áreas de Ciencia y Técnica, en un escenario en el que el financiamiento educativo continúa siendo uno de los principales puntos de conflicto entre el Gobierno y distintos sectores de la sociedad.

Con el acuerdo alcanzado, La Libertad Avanza busca ordenar su agenda parlamentaria y conseguir los respaldos necesarios para avanzar con las principales iniciativas del Ejecutivo antes del cierre del período ordinario.

El cronograma contempla el tratamiento de la ley de Defensa de la Soberanía Nacional y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central el 18 de noviembre. Para el 25 está previsto el debate del Presupuesto 2027 en Diputados, siempre que el oficialismo consiga dictamen previamente.

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El Marplatense