Plaza Rumencó: proponen reanudar las obras por etapas y rechazan levantar la cautelar sin controles
El conflicto judicial por el desarrollo inmobiliario de Plaza Rumencó sumó una nueva presentación. El planteo está ahora a consideración del juez.
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Fernando Orsini, quien presentó el amparo contra el emprendimiento, volvió a rechazar que se levante sin condiciones la medida que mantiene frenadas las obras. Sin embargo, abrió la puerta a una salida intermedia: que los trabajos puedan retomarse por etapas, a medida que se cumplan los requisitos ambientales y se obtengan las autorizaciones correspondientes.
El planteo llegó después de que las empresas MPSG 5 Newbery S.A. y Treelands S.A. presentaran nueva documentación y volvieran a pedir que se deje sin efecto la cautelar. Es el tercer intento de levantar la restricción: los dos anteriores fueron rechazados por la Justicia.
En su respuesta, presentada el 13 de noviembre, Orsini sostuvo que la documentación aportada representa un avance, pero que todavía no alcanza para habilitar todas las obras. La diferencia, explicó, está en que tener aprobada la Declaración de Impacto Ambiental no significa que estén cumplidos todos los requisitos para cada etapa del proyecto.
Por eso, pidió que se determine qué trabajos pueden realizarse y cuáles necesitan permisos adicionales. También propuso una audiencia con representantes de EMSUR, Obras Privadas y la Autoridad del Agua para discutir las condiciones de una eventual reanudación.
El abogado busca que en esa instancia también participe un representante de la entidad vecinal de Rumencó. Su argumento es que el desarrollo puede tener implicancias sobre elementos ambientales del barrio, entre ellos la laguna, la fauna y el escurrimiento del agua.
En la presentación, además, mencionó una investigación penal iniciada a partir de una denuncia por presunta contaminación y pidió que la Fiscalía informe si existen inspecciones o estudios ambientales que puedan aportar datos al expediente. Aclaró que la existencia de esa causa no significa que los hechos denunciados estén probados.
La propuesta, en definitiva, es que la cautelar no se levante de una vez y para todas las obras, sino que pueda flexibilizarse a medida que se acrediten las condiciones necesarias. El escrito ya está a consideración del juez, que deberá resolver si convoca a la audiencia y qué decisión toma frente al nuevo pedido de las empresas.
