Organizaciones de discapacidad rechazaron el nuevo dictamen y reclamaron participación en el debate
Las entidades cuestionaron el tratamiento legislativo del proyecto que busca reemplazar la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad y denunciaron que el colectivo no fue consultado durante el proceso.
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Distintas organizaciones vinculadas a la discapacidad expresaron su rechazo al dictamen de mayoría aprobado el 23 de septiembre en la Cámara de Diputados sobre el proyecto de Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad. Al mismo tiempo, reclamaron que avance la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Las entidades cuestionaron que las personas con discapacidad y sus organizaciones no hayan tenido participación en el tratamiento de las iniciativas. Según señalaron, esta situación contradice lo establecido por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que obliga al Estado a realizar consultas estrechas con el colectivo en aquellos procesos legislativos que afecten directamente sus derechos.
También criticaron lo ocurrido durante la reunión informativa de comisiones realizada el 16 de septiembre en la Cámara baja, donde, de acuerdo con el comunicado, no hubo participación de representantes de organizaciones de personas con discapacidad.
El planteo apunta especialmente contra el dictamen aprobado por las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda, que propone reemplazar la prórroga de la Ley 27.793 por un régimen permanente. Para las organizaciones, la creación de una nueva normativa no debería impedir que continúe la discusión sobre la emergencia vigente.
A su vez, advirtieron que el proyecto contempla algunas medidas que podrían favorecer el sostenimiento del sistema, como mecanismos de financiamiento, actualización de prestaciones y continuidad de determinados beneficios, pero señalaron que también existen puntos que podrían representar retrocesos en derechos adquiridos.
Otro de los cuestionamientos está relacionado con la posibilidad de que aspectos centrales de la futura norma queden sujetos a la reglamentación del Poder Ejecutivo. En ese sentido, las entidades reclamaron que cualquier modificación sea debatida con participación directa del sector involucrado.
Las organizaciones también denunciaron problemas en la dinámica del tratamiento legislativo, entre ellos convocatorias con poca anticipación, falta de claridad sobre los temas a discutir y modificaciones de último momento, circunstancias que, según plantearon, dificultan una participación informada.
Finalmente, remarcaron que la situación del sistema de discapacidad continúa siendo crítica y reclamaron que las personas alcanzadas por las políticas públicas tengan intervención directa en las decisiones.
