“Nos están condenando a la invisibilidad”: fuertes críticas tras el veto de Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad
Lucía Fraternali, referente de Prestadores Unidos, cuestionó la decisión del Gobierno Nacional y advirtió sobre la grave precarización que atraviesa el sector. “Esta lucha es urgente y humana”, afirmó.
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La reciente decisión del presidente Javier Milei de vetar la Ley de Emergencia para el Sector de Discapacidad generó una fuerte reacción por parte de prestadores de salud, acompañantes terapéuticos y familias. En Mar del Plata, Lucía Fraternali, con 17 años de experiencia en el ámbito y referente de Prestadores Unidos, expresó su profunda preocupación ante la situación que atraviesan miles de trabajadores y personas con discapacidad en todo el país.
“Estamos preocupados y tristes. Esta situación nos viene golpeando hace años y esta ley era importante para nuestro sector”, afirmó Fraternali. “Cada vez estamos más precarizados, al igual que las personas que asistimos”.
Desde el colectivo de prestadores advierten que el sistema está al borde del colapso: sueldos congelados, pagos en cuotas y sesiones con valores irrisorios, en un contexto inflacionario que los deja sin respaldo ni previsibilidad.
“La sesión para los profesionales se paga a 12 mil pesos y encima con demoras. Cobrar en cuotas es la norma. Tuvimos aumentos del 1% y del 0,9% con estos niveles de inflación. Es insostenible”, remarcó.
La referente también alertó sobre el impacto directo que esto tiene en las personas con discapacidad, quienes ven interrumpidos sus tratamientos, muchos de ellos interdisciplinarios y costosos, que incluyen transporte, materiales y seguimiento personalizado.
“No se puede continuar con los tratamientos de esta forma. Estamos condenando a miles de personas a la invisibilidad. Hay que garantizar los derechos de las personas con discapacidad y también de los trabajadores de salud”.
Fraternali denunció además la ausencia de respuestas concretas por parte del Estado, tanto en los niveles municipal como provincial y nacional, pese a que el derecho a la atención integral está contemplado en la legislación vigente.
“El sistema hoy no está garantizado, aunque esté en la ley. Nadie responde. Necesitamos una política seria, pública y sostenible”, reclamó.
La situación, aseguran, ya ha llevado al cierre de espacios de atención, mientras que otros se encuentran al borde de desaparecer por no poder afrontar los costos operativos. También hay profesionales que directamente dejaron de trabajar en el área, asfixiados por la falta de condiciones dignas.
“La realidad es que hoy los profesionales somos quienes garantizamos el acceso a la salud. Y estamos al límite”, enfatizó.
Finalmente, la referente de Prestadores Unidos cuestionó al oficialismo:“Se habla de libertad, pero lo único que garantiza este gobierno es que los poderosos sigan teniendo más poder. Esta lucha no se detiene, sabemos que hay acuerdos políticos, pero confiamos en la Cámara de Diputados”.
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