Minella: Mirada Ciudadana va a la Justicia para revertir la decisión de los fiscales de no investigar
Este miércoles habrá una audiencia en el Juzgado de Garantías para discutir la continuidad de la causa provincial. La ONG sostiene que, ante sospechas de corrupción, los fiscales tienen la obligación de investigar y reclama que se aplique el control de legalidad. En paralelo, siguen en movimiento los expedientes de la Justicia Federal y de Brasil, donde continúa vigente la hipótesis de lavado de activos.
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La causa por las presuntas irregularidades vinculadas al estadio José María Minella tendrá este miércoles un nuevo capítulo judicial. La ONG Mirada Ciudadana buscará que la Justicia provincial revise la decisión de los fiscales de no investigar y avance con una pesquisa que, según sostiene la organización, no puede descartarse frente a la existencia de sospechas de corrupción.
La audiencia se realizará en el Juzgado de Garantías, donde la entidad expondrá los argumentos para que la jueza ejerza el control de legalidad sobre la decisión del Ministerio Público Fiscal. El planteo apunta a que se evalúe si corresponde mantener la postura de los fiscales o si existen razones jurídicas para que la investigación continúe.
El eje del reclamo es concreto: *Mirada Ciudadana sostiene que los fiscales no pueden elegir no investigar cuando existen sospechas de corrupción.* La organización considera que la obligación de esclarecer posibles delitos no depende únicamente de la voluntad de los funcionarios judiciales, sino que está vinculada con las responsabilidades que les impone el ordenamiento jurídico.
En ese sentido, la ONG fundamenta su presentación en los derechos colectivos comprometidos y en las garantías de acceso a la Justicia. Entre ellas, menciona el derecho de la sociedad a ser oída y a contar con una tutela judicial efectiva. Como entidad que representa intereses colectivos, busca que esos derechos sean considerados al momento de evaluar la decisión de no avanzar con el expediente.
El planteo también se apoya en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y en la Convención Interamericana contra la Corrupción. Según la postura que llevará ante la jueza, esos instrumentos internacionales obligan al Estado argentino a adoptar medidas para investigar posibles hechos de corrupción. Por eso, la organización reclama que las sospechas planteadas en el caso sean examinadas y que la decisión de los fiscales quede sometida al control judicial correspondiente.
La presentación no se limita a cuestionar una resolución. Mirada Ciudadana también anticipó que evalúa realizar nuevas actuaciones vinculadas con el desempeño de los fiscales y lo que considera una falta de actividad investigativa. La audiencia de este miércoles será una instancia para fundamentar por qué entiende que la causa debe continuar y para pedir que se revisen los motivos por los cuales se resolvió no investigar.
Dos causas en paralelo y una hipótesis de lavado de activos en Brasil
La discusión en la Justicia provincial es apenas uno de los frentes del caso Minella. En paralelo, existen otras dos actuaciones: una que tramita en la Justicia Federal y otra que se desarrolla en Brasil.
De acuerdo con la información aportada por Mirada Ciudadana, ambos expedientes continúan en movimiento. En particular, en la investigación brasileña la hipótesis de lavado de activos mantiene vigencia y cobra fuerza, aunque su eventual confirmación depende de las actuaciones y pruebas que se incorporen al expediente.
Este escenario vuelve a poner el foco sobre la necesidad de esclarecer las posibles irregularidades vinculadas al estadio marplatense. Mientras las investigaciones federal y brasileña siguen su curso, en el ámbito provincial la controversia gira en torno a una cuestión previa: si corresponde que la Justicia permita avanzar con una pesquisa que los fiscales decidieron no impulsar.
La audiencia de este miércoles será clave para conocer cómo se encamina ese planteo. Mirada Ciudadana buscará convencer a la jueza de Garantías de que existen fundamentos para revisar la decisión y continuar con la investigación.
El reclamo de la ONG apunta, en definitiva, a que las sospechas no queden sin una respuesta judicial. La organización sostiene que, cuando se denuncian posibles hechos de corrupción, el Estado tiene obligaciones de investigación y que esas responsabilidades deben ser consideradas antes de dar por concluida la actuación fiscal. La resolución que se adopte en el ámbito provincial marcará el próximo paso de una causa que también mantiene abiertos otros frentes judiciales.
