Minella: Mirada Ciudadana recurrió a la Justicia para reabrir la causa y apartar a los fiscales

La concesión de los principales escenarios deportivos muni

cipales de Mar del Plata volvió a quedar bajo discusión judicial. La asociación civil Mirada Ciudadana presentó un pedido para que se revise la decisión del Ministerio Público Fiscal de cerrar la investigación por presuntas irregularidades en la licitación y posterior explotación del Estadio José María Minella, el Polideportivo Islas Malvinas y otros espacios del Parque de los Deportes.

La presentación fue realizada por César Ventimiglia, representante de la entidad, con el patrocinio del abogado César Raúl Sivo, ante el Juzgado de Garantías N.º 6. El escrito solicita que se deje sin efecto la resolución de la Fiscalía General del 25 de septiembre de 2026, que confirmó la decisión adoptada el 14 de agosto por los fiscales Luis Alberto Ferreyra y Carlos David Bruna, de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 10.

Además de reclamar que continúe la investigación penal preparatoria, Mirada Ciudadana pidió que los fiscales intervinientes sean apartados y reemplazados por otros funcionarios. También solicitó que se fije una audiencia para que sus representantes puedan exponer oralmente los fundamentos del planteo ante la jueza.

La asociación sostiene que la investigación fiscal se concentró en posibles incumplimientos administrativos o contractuales, sin profundizar en otras hipótesis que podrían involucrar delitos económicos o responsabilidades de funcionarios públicos.

La causa se inició a partir de una denuncia del fiscal general ante el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, Juan Manuel Pettigiani, relacionada con la concesión de los principales escenarios deportivos municipales a la firma Minella Stadium S.A. Posteriormente, Mirada Ciudadana se presentó como particular damnificado y amplió la denuncia con documentación y relevamientos propios, incluidos antecedentes recopilados en Mar del Plata y San Pablo, Brasil.

Entre los aspectos que la entidad pretende que se investiguen figuran el procedimiento licitatorio, las condiciones del pliego, la capacidad económica de la empresa adjudicataria, sus vínculos societarios y el origen de los fondos comprometidos para desarrollar el proyecto.

También pidió que se analicen las condiciones en las que se evaluó la única oferta presentada, las diferencias entre el pliego de bases y condiciones y el contrato definitivo, y los mecanismos de control aplicados por el Municipio. Según la asociación, estos elementos debían ser examinados para determinar si existieron irregularidades administrativas, incumplimientos contractuales o conductas con relevancia penal.

Uno de los puntos centrales del planteo está relacionado con la situación societaria y financiera de Minella Stadium S.A., constituida en diciembre de 2024. Mirada Ciudadana cuestiona que la firma haya obtenido la concesión pese a los interrogantes que, según afirma, existían sobre sus antecedentes, su capacidad operativa y el respaldo económico para afrontar las inversiones comprometidas.

En particular, el escrito menciona la participación de la empresa brasileña REVEE, la documentación presentada para acreditar el financiamiento del proyecto y una carta de crédito atribuida al Banco Máster. También plantea dudas sobre los aportes de capital comprometidos y las condiciones en las que se evaluó la solvencia de la adjudicataria.

Otro de los cuestionamientos apunta a las diferencias entre las condiciones previstas en el pliego y las incorporadas al contrato. Entre otros aspectos, la asociación menciona el plazo de concesión, las prórrogas, las causales de rescisión, las facultades sobre el Parque de los Deportes y determinadas cláusulas que, según sostiene, podrían favorecer a la empresa privada.

El reclamo también alcanza a los ingresos generados por los espectáculos realizados en los espacios concesionados. Según las estimaciones incorporadas por Mirada Ciudadana, la recaudación por recitales habría superado los 3.000 millones de pesos. La entidad solicitó que se determine cómo se administraron esos recursos y qué relación tuvieron con las obligaciones de mantenimiento, inversión y conservación de los bienes municipales.

En ese contexto, el escrito menciona presuntos incumplimientos en la ejecución de obras, deudas con proveedores, interrupciones del suministro eléctrico y cheques rechazados atribuidos a la firma. También cuestiona la falta de un inventario detallado de los bienes existentes en el predio, incluidas piezas patrimoniales y obras de arte, entre ellas una del artista Pérez Celis.

La asociación pidió que se produzcan medidas de prueba vinculadas con documentación bancaria, antecedentes societarios, comunicaciones y actuaciones de los funcionarios responsables del procedimiento y del control de la concesión.

Los fiscales Ferreyra y Bruna desestimaron la denuncia el 14 de agosto de 2026. En términos generales, consideraron que las cuestiones vinculadas con el cumplimiento del contrato correspondían al ámbito administrativo, que no existían elementos suficientes para avanzar sobre las hipótesis penales analizadas y que había mecanismos institucionales para abordar los restantes aspectos.

La Fiscalía General, a cargo de Julio Fernández Garello, confirmó esa decisión el 25 de septiembre. Entre sus fundamentos, consideró que se habían realizado actuaciones con intervención del Ministerio Público y de la Policía Judicial, que el procedimiento de contratación se había ajustado a las pautas regulatorias aplicables y que algunos aspectos podían canalizarse por otras vías institucionales. También entendió que determinadas cuestiones sobre el origen de los fondos y los vínculos societarios excedían la competencia del fuero provincial.

Mirada Ciudadana cuestiona esa interpretación y afirma que el análisis se apoyó principalmente en una reconstrucción del expediente administrativo, sin profundizar en todas las hipótesis denunciadas ni considerar adecuadamente los elementos aportados por la asociación.

Otro de los argumentos se relaciona con la documentación disponible durante la investigación. Según el escrito, parte de los expedientes administrativos originales había sido retirada por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N.º 2 de Lomas de Zamora en el marco de otra causa. Para la entidad, esa circunstancia debía haberse contemplado antes de adoptar una decisión definitiva.

Además, cuestionó que los fiscales rechazaran medidas de prueba propuestas y desestimaran la denuncia sin resolver previamente una presentación realizada el 13 de agosto, un día antes de la decisión de cierre. Según el planteo, esa presentación fue tratada posteriormente, pero no modificó el criterio de los funcionarios.

La asociación considera que la investigación debía establecer qué controles realizaron los funcionarios municipales, qué documentación evaluaron, qué advertencias recibieron y si existieron omisiones o decisiones que pudieran tener relevancia penal.

Mirada Ciudadana también cuestionó que la Fiscalía General rechazara su pedido de audiencia durante la revisión de la desestimación. Por ese motivo, solicitó que la jueza fije una audiencia antes de resolver el control de legalidad y permita a sus representantes exponer los argumentos.

El planteo quedó en manos del Juzgado de Garantías N.º 6, que deberá analizar si corresponde mantener la decisión de la Fiscalía General o dejarla sin efecto y ordenar la continuidad de la investigación. La asociación también pidió que, en caso de avanzar con nuevas medidas, Ferreyra y Bruna sean apartados y la causa quede a cargo de otros funcionarios.

Por el momento, no existe una resolución judicial que haya ordenado reabrir la investigación ni una determinación que confirme la existencia de los delitos denunciados. La continuidad de la causa y el eventual apartamiento de los fiscales dependerán de lo que resuelva la Justicia.