Meta deberá pagar US$567 millones por daños a la salud mental infantil

Un tribunal de Nuevo México, Estados Unidos, ordenó a Meta destinar US$567 millones a medidas destinadas a afrontar los daños provocados entre niños y adolescentes por sus plataformas. El fallo también obliga a la empresa matriz de Facebook e Instagram a implementar nuevas herramientas de seguridad para los usuarios más jóvenes.

La resolución fue adoptada por el juez Bryan Biedscheid, quien consideró que las plataformas de la compañía constituyeron una “molestia pública” y contribuyeron de manera significativa a la crisis de salud mental que atraviesa la población adolescente en el estado. El tribunal también vinculó el funcionamiento de esos servicios con riesgos relacionados con la explotación sexual infantil.

El dinero deberá ser destinado a un fondo para mitigar esos perjuicios. Cerca de tres cuartas partes del monto, alrededor de US$420 millones, serán utilizadas para tratamientos de salud mental dirigidos a jóvenes, mientras que el resto financiará acciones de prevención, campañas de concientización, evaluaciones y otros servicios durante los próximos cinco años.

La sentencia no se limita al aspecto económico. Meta tendrá que introducir cambios concretos en Facebook e Instagram, entre ellos límites mensuales de utilización para adolescentes, mayores restricciones en las notificaciones y controles más estrictos sobre el contacto entre adultos y menores.

También deberán incorporarse nuevas salvaguardas para los chatbots de inteligencia artificial, reforzarse la revisión de las denuncias vinculadas con abuso sexual infantil y mejorar las herramientas destinadas a detectar usuarios menores de edad. El tribunal dispuso además que la compañía trabaje con establecimientos educativos para facilitar la identificación de cuentas pertenecientes a chicos que no tienen la edad mínima requerida.

Entre las medidas más contundentes aparece la obligación de eliminar las cuentas y los datos personales correspondientes a usuarios menores de 13 años cuando sean detectados. Al mismo tiempo, Meta deberá seguir perfeccionando sus sistemas de inteligencia artificial destinados a estimar la edad de quienes utilizan sus servicios.

El caso comenzó en 2023, cuando el fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, demandó a la compañía al sostener que había realizado afirmaciones engañosas sobre la seguridad de sus productos mientras tenía conocimiento de los riesgos que enfrentaban los menores dentro de sus plataformas.

El proceso judicial tuvo una primera definición en marzo de este año. En aquella oportunidad, un jurado determinó que Meta había infringido la legislación estatal de protección al consumidor al presentar Facebook e Instagram como entornos seguros para niños y adolescentes y dispuso US$375 millones en sanciones civiles.

Con la nueva resolución de US$567 millones, el impacto económico de ambos fallos alcanza aproximadamente los US$942 millones, aunque se trata de conceptos diferentes: los primeros US$375 millones corresponden a sanciones civiles y la nueva suma deberá utilizarse para financiar medidas destinadas a reparar o reducir los daños detectados.

Torrez calificó la decisión como una victoria para las familias preocupadas por los efectos de las redes sociales sobre sus hijos y sostuvo que las grandes compañías tecnológicas deben responder por prácticas que puedan poner en riesgo a los jóvenes.

Meta, por su parte, rechazó las conclusiones del tribunal y anticipó que apelará la sentencia. La empresa aseguró que trabaja para proteger a los adolescentes en internet y afirmó que continuará defendiéndose frente a acusaciones que, según su postura, no reflejan correctamente los hechos.

El fallo se produce mientras Meta enfrenta otras demandas similares en Estados Unidos y en medio de un debate internacional cada vez mayor sobre los efectos del uso intensivo de redes sociales durante la infancia y la adolescencia.

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El Marplatense