Licitación exprés y una sola oferta: el Gobierno le pagará $8.300 millones a Live Nation por la misa del Papa

El Gobierno nacional le adjudicó a Live Nation, a través de DF Entertainment, la organización de la Misa del Papa y la Vigilia de Jóvenes en Palermo por cerca de $8.300 millones. La contratación quedó en manos de la única empresa que presentó una oferta en una licitación que quedó bajo la lupa por los plazos, las exigencias del pliego y la ausencia de competencia entre productoras.

La polémica comienza por el calendario. El llamado se publicó el 14 de octubre a las 19.30 y las empresas tuvieron apenas unos días para preparar sus propuestas, mientras que la apertura de sobres se realizó el 20 de octubre. El período para realizar consultas, en tanto, se extendió desde el momento de la publicación hasta las 19.32 del día siguiente. En otras palabras, quienes pretendían competir debían analizar un expediente complejo en un margen de tiempo extremadamente reducido.

El pliego tenía más de 700 puntos y establecía una condición que también generó cuestionamientos: los interesados debían presentar una propuesta integral, sin posibilidad de cotizar por separado los distintos servicios. Según empresarios del sector citados por La Política Online, esa modalidad restringió la participación de otras productoras y redujo las posibilidades de comparar precios entre diferentes oferentes.

La pregunta que atraviesa el procedimiento es por qué el Gobierno esperó hasta octubre para convocar a una licitación si, de acuerdo con la publicación, conocía la visita papal desde la primera semana de agosto. Con meses de anticipación, la administración nacional contaba con tiempo para organizar el proceso, pero el llamado terminó concentrado en pocos días.

Otro de los aspectos que alimentó las sospechas fue la selección de las firmas invitadas a participar. Fueron tres: DF Entertainment, vinculada a Diego Finkelstein y Live Nation; Oymyakon, relacionada con Diego Sáenz; y Five Pro Events, vinculada a Diego Iraola. Sin embargo, únicamente DF Entertainment presentó una propuesta.

Empresarios que analizaron la posibilidad de competir cuestionaron que algunos invitados habrían tenido acceso al expediente antes de su publicación oficial. Según los testimonios recogidos por La Política Online, disponer de esa información anticipadamente podía representar una ventaja importante, sobre todo en una contratación con plazos tan ajustados. También plantearon que cinco días resultaban insuficientes para estudiar las condiciones y solicitar cotizaciones a los proveedores.

La combinación de un presupuesto millonario, un pliego extenso y una sola oferta abre interrogantes sobre el nivel de competencia que tuvo el proceso. Si bien la existencia de un único oferente no demuestra por sí sola una irregularidad, sí deja planteada la discusión sobre las condiciones que tuvieron las empresas para participar y la posibilidad de obtener precios más competitivos.

Un costo millonario bajo la lupa

Los $8.300 millones de la adjudicación también quedaron en el centro de la discusión por su magnitud. La publicación comparó el monto con los más de 4,5 millones de dólares que habría costado organizar el recital gratuito de los Rolling Stones en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, en 2006.

Aquel espectáculo convocó a aproximadamente un millón y medio de personas y requirió un despliegue de seguridad, infraestructura y producción de gran escala, con más de 10.000 personas destinadas a tareas de asistencia y seguridad, unos 6.000 policías y más de 100 toneladas de equipos de iluminación y sonido.

La comparación no permite establecer por sí sola si ambos eventos tienen costos equivalentes, ya que corresponden a producciones diferentes y a contextos económicos distintos. Sin embargo, pone en perspectiva la dimensión del gasto previsto para la celebración religiosa.

La adjudicación deja así una serie de preguntas sobre la mesa: por qué se convocó a último momento, qué criterios se utilizaron para definir las condiciones del pliego y por qué solamente una empresa terminó presentando una oferta. Por ahora, el dato central es que el Gobierno adjudicó un contrato de $8.300 millones en un proceso que, pese a su magnitud económica, no registró competencia efectiva entre oferentes.