Ley de financiamiento universitario: la justicia habilitó al Gobierno a apelar la cautelar

La Justicia habilitó al Gobierno nacional a apelar la medida cautelar que lo obliga a actualizar los salarios de docentes y no docentes universitarios de acuerdo con lo establecido en la Ley de Financiamiento Universitario. La decisión abre una nueva instancia en la disputa entre el Ejecutivo y las universidades públicas por los recursos destinados al sistema educativo.

La resolución fue adoptada por la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, integrada por los jueces Sergio Fernández, José Luis López Castiñeira y Jorge Eduardo Morán. El tribunal dispuso tramitar el recurso presentado por el Estado contra una decisión del juez Martín Cormick, que había ordenado avanzar con el cumplimiento de la medida cautelar.

El conflicto judicial gira en torno a la aplicación de los artículos de la Ley de Financiamiento Universitario que establecen la actualización de los salarios del sector. El Gobierno sostiene que la norma presenta cuestionamientos vinculados con la disponibilidad de fondos y continúa discutiendo su aplicación ante la Justicia.

La medida cautelar busca garantizar el cumplimiento de los aumentos salariales previstos en la legislación, que contempla una recomposición vinculada con la inflación acumulada desde diciembre de 2023. Si bien el Ejecutivo otorgó incrementos a docentes y no docentes universitarios, los gremios sostienen que las subas quedaron por debajo de lo establecido por la ley. Según los sindicatos, la diferencia entre los aumentos percibidos y los que corresponderían por la normativa ronda el 30%.

La controversia también involucra los fondos destinados al funcionamiento de las universidades y las becas estudiantiles. En una instancia anterior, la Justicia había ordenado avanzar con la aplicación de la ley y el incumplimiento había derivado en una multa diaria de $100.000 al Estado, cuya suspensión fue dispuesta posteriormente en el marco de otra apelación.

El financiamiento de las universidades públicas se mantiene como uno de los puntos más sensibles de la discusión presupuestaria. Durante la exposición ante los legisladores, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclamó alrededor de $11 billones para garantizar el funcionamiento de las instituciones durante el próximo año, mientras que el proyecto oficial contempla $7,3 billones.

Con la habilitación de la apelación, el Gobierno podrá continuar cuestionando judicialmente la ejecución de la cautelar. El conflicto continuará en los tribunales, mientras docentes, no docentes y autoridades académicas mantienen sus reclamos por la recomposición salarial y el financiamiento de las universidades públicas.

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El Marplatense