La Suprema Corte volvió a objetar la restricción por edad para ingresar a la docencia

La Suprema Corte bonaerense volvió a poner bajo cuestionamiento el límite de 50 años previsto para ingresar a la docencia como titular y habilitó a una maestra de 54 años, de Lomas de Zamora, a incorporarse a los listados oficiales para acceder a cargos acordes a su título.

El caso se inició luego de que la docente, que trabaja como maestra de grado desde 2011, intentara inscribirse en los listados correspondientes al ciclo lectivo 2026. Su solicitud había sido rechazada exclusivamente porque superaba la edad máxima establecida en el artículo 57, inciso “e”, de la Ley 10.579, que regula el ingreso a la docencia titular en la provincia de Buenos Aires.

Al analizar el planteo, el máximo tribunal provincial consideró que la edad no puede utilizarse por sí sola como un parámetro para determinar si una persona está capacitada para ejercer la actividad docente. De esta manera, entendió que la restricción establece una diferencia de trato sin una justificación razonable.

Los jueces remarcaron además una contradicción en la normativa: mientras permite que docentes mayores de 50 años continúen desempeñándose frente a alumnos bajo determinadas condiciones, impide que otros profesionales con la misma capacitación puedan ingresar como titulares únicamente por haber superado esa edad.

Para la Corte, una limitación basada solamente en ese criterio resulta incompatible con principios constitucionales como la igualdad y el derecho al trabajo. El tribunal sostuvo que superar los 50 años no permite presumir que una persona haya perdido las condiciones necesarias para ejercer la docencia.

El fallo se suma a una serie de antecedentes que se remontan a 2002. Pese a las numerosas decisiones judiciales adoptadas durante las últimas dos décadas, el requisito etario continúa vigente, por lo que los docentes afectados todavía deben recurrir a la Justicia para poder sortear la restricción.

Ante esta situación, la Suprema Corte volvió a exhortar al Poder Ejecutivo bonaerense y a la Legislatura provincial a modificar o derogar el artículo cuestionado, al advertir que hasta el momento no se avanzó con cambios sobre una disposición que ya fue declarada inconstitucional en reiteradas oportunidades.