La ONU descartó una resolución inmediata sobre el pedido de revisión de condena a Cristina Kirchner

El Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) descartó una resolución inmediata sobre el pedido de revisión de la condena de Cristina Kirchner, por la causa de Vialidad. Las presentaciones son por la suspensión de su inhabilitación para ejercer cargos públicos y revisión de la prisión domiciliaria. 

El organismo aclaró que todavía no decidió si analizará las presentaciones de los abogados de la ex presidenta y advirtieron que  admitirlas a tramite de decisión podría demorarse “varios años”. 

Expertos independientes que integran la comisión señalaron a la Agencia EFE de España, que teniendo en cuenta el “volumen de casos” , en los que trabaja el Comité de Derechos Humanos, "una decisión sobre la admisibilidad y el fondo del asunto suele tardar varios años. Una decisión sobre el caso no es inminente”.

Por otro lado, los abogados de la ex mandataria, Javier Borrego, Carlos Beraldi y Rafael Valim explicaron que la presentación incluye tres cautelares: la suspensión de la inhabilitación para ejercer cargos públicos, la revisión de las condiciones de la prisión domiciliaria y la recomposición de miembros de la Corte Suprema de la Nación, ya que señalaron en este ultimo pedido que es "imposible que funcione con tres miembros”.

El comité de la ONU  presidido actualmente por el surcoreano Changrok Soh, mencionó que, una vez presentada una denuncia, sólo la decisión sobre si es admitida o no a trámite ya puede tardar varios meses, debiendo esta cumplir una serie de requisitos formales.

Entre los requisitos, el denunciante debe haber agotado todas las instancias judiciales pertinentes del Estado en cuestión, aunque se admiten algunas excepciones, como por ejemplo si el procedimiento nacional se prolongó de forma indebida.

Cristina Kirchner se encuentra en prisión domiciliaria por una condena de seis años de cárcel e inhabilitación perpetua  para ejercer cargos públicos, por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, por corrupción en la obra pública en Santa Cruz.

Y es de mencionar que en julio, la ex presidenta anunció que reclamaría la sentencia judicial ante el mencionado comité, el cual vela por el respeto del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aunque sus decisiones no tienen un carácter vinculante. 

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El Marplatense