La Justicia rechazó el pedido de arresto domiciliario de la dueña de un geriátrico de Mar del Plata

La Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías de Mar del Plata rechazó el pedido de arresto domiciliario presentado por la defensa de Mónica Graciela Rodríguez, la dueña de un geriátrico que se encuentra detenida y acusada por el abandono de dos mujeres de 75 y 89 años.

La resolución mantuvo la decisión que había adoptado a mediados de agosto el juez de Garantías Daniel De Marco. Rodríguez está imputada por hechos vinculados al maltrato, golpes y presunta medicación ilegal de dos adultos mayores que estaban bajo su cuidado.

La investigación comenzó a tomar forma el 2 de enero de 2026, cuando se realizó un allanamiento en el geriátrico. Allí los investigadores encontraron a una de las mujeres en condiciones de extrema vulnerabilidad. Según consta en la resolución que dispuso oportunamente la prisión preventiva, presentaba malas condiciones de salud e higiene, estaba deshidratada y desnutrida, tenía escaras sacras de grado II y se encontraba alojada en un garaje, en una cama común y sin los elementos necesarios para atender sus necesidades.

La mujer, de acuerdo con la acusación, no podía valerse por sí misma y dependía de terceros para las actividades de la vida cotidiana. La causa quedó a cargo del fiscal Carlos Russo y de la Unidad Funcional de Instrucción N°7. Rodríguez fue detenida el 24 de junio y desde entonces permanece alojada en la Unidad Penal N°50 de Batán, a la espera de un eventual juicio oral y público o de un acuerdo para resolver el proceso mediante un juicio abreviado.

Al analizar el pedido de morigeración, los jueces Gastón de Marco y Leandro Favaro tuvieron en cuenta distintos aspectos de la conducta de la imputada durante la investigación. Entre ellos señalaron que se había negado a presentarse ante la Justicia y que había informado falsamente que se encontraba en Buenos Aires cuando, según la resolución, permanecía en el mismo domicilio donde se habían producido los hechos.

Los magistrados también remarcaron que Rodríguez habría continuado con la actividad clandestina pese a que el lugar ya había sido clausurado. A esto sumaron la existencia de otro proceso penal en su contra por defraudación por administración fraudulenta, en el que se había dispuesto averiguar su paradero desde octubre de 2025, además de las diferencias entre los domicilios declarados en ambas causas.

Con esos elementos, la Cámara consideró que los riesgos procesales señalados anteriormente continúan vigentes y entendió que no resultaba razonable que la medida se cumpliera en el domicilio de su hijo. De esta manera, confirmó el rechazo al pedido de arresto domiciliario y Rodríguez continuará detenida en Batán.

La defensa, a cargo del abogado Simón García Méndez, ya se había opuesto al requerimiento fiscal de elevación a juicio y había planteado como alternativa que se analizara la posibilidad de avanzar mediante un juicio abreviado. En una resolución anterior, el Juzgado de Garantías N°1 había señalado la existencia de una voluntad de las partes para intentar alcanzar una solución alternativa ante el órgano de juicio.

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El Marplatense