La Iglesia envió una carta a Victoria Villarruel para pedirle por la ley de prevención a la ludopatía
La Comisión Episcopal de Pastoral Social se le solicitó a la vicepresidenta de la Nación que el Senado avance en el proyecto, "ante el riesgo concreto de perder estado parlamentario el próximo mes de noviembre".
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La Comisión Episcopal de Pastoral Social (CEPAS) le envió una carta al vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, y a un conjunto de senadores para reclamar que la Cámara alta retome de manera urgente el tratamiento del proyecto de ley de prevención de la ludopatía, y regulación de los juegos de azar y apuestas en línea. El documento fue difundido bajo la consigna: “Es tiempo de cuidar. Es tiempo de legislar. Es tiempo de actuar”.
El organismo eclesiástico advirtió que la iniciativa legislativa se encuentra ante "el riesgo concreto de perder estado parlamentario el próximo mes de noviembre”. Esto en referencia a que la iniciativa quede archivada a pesar de contar con media sanción de la Cámara de Diputados.
En este escenario, la CEPAS pidió a los legisladores generar acuerdos necesarios y que dispongan de realizar todo lo que esté a su alcance para que el proyecto pueda convertirse en ley antes de que venza el plazo.
Desde la entidad, sostienen que el problema no puede ser considerado como una advertencia a futuro, sino que debe ser tratado como una realidad, dado que sus consecuencias son visibles en distintos ámbitos de la vida cotidiana. “Sus daños son evidentes y están a la vista de nuestras familias, nuestras escuelas, nuestros clubes y nuestras comunidades”, expresaron.
La Iglesia católica viene pronunciándose sobre la problemática de las apuestas en línea desde hace más de dos años, con intervenciones cada vez más firmes ante la falta de respuestas del Congreso de la Nación.
En la carta que enviaron a Villarruel, plantearon que la discusión legislativa no debería centrarse en reconocer la existencia del problema, sino que se debería asumir una responsabilidad política e institucional frente a sus consecuencias. CEPAS, advirtió que el Estado tiene la obligación de proteger a quienes se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad.
Y además cuestionó que los intereses económicos del sector del juego sigan avanzando mientras miles de personas padecen los efectos de la adicción.
CEPAS fue categórica al señalar que “no hacer nada” también constituye una decisión, lo que resultaría “profundamente lamentable”. De acuerdo a sus dichos, la ausencia de una respuesta adecuada hoy puede traducirse mañana en daños mucho más difíciles de reparar en el tejido social.
Y remarcaron que los daños producidos por la ludopatía no son asumidos por quienes se benefician del negocio, sino que terminan recayendo sobre las personas, las familias y la comunidad en general.
En el tramo final de la carta, la Comisión Episcopal de Pastoral Social les pidió a los senadores que asuman la responsabilidad que el pueblo argentino les confió, que retomen de inmediato el debate y que construyan los consensos políticos necesarios para sancionar la norma antes de que pierda estado parlamentario.
“Frente al sufrimiento de tantos, no actuar no puede ser una opción”, concluyen.
