La Cámara Federal frenó temporalmente las multas al Gobierno por el financiamiento universitario

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal suspendió de manera provisoria la aplicación de multas al Gobierno nacional por no cumplir con la actualización salarial de los trabajadores universitarios y el financiamiento de las becas estudiantiles. La decisión se tomó este jueves, luego de que el tribunal admitiera un recurso presentado por el Ministro de Capital Humano.

La resolución deja en suspenso la ejecución de las sanciones económicas impuestas al jefe de Gabinete, Diego Santilli, mientras se tramita la apelación del Estado nacional. El funcionario había sido alcanzado por una multa de 100.000 pesos diarios, dispuesta por el juez federal Martín Cormick ante el incumplimiento de una medida cautelar vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario.

El magistrado había intimado al Gobierno a cumplir con la resolución judicial en un plazo de cinco días, bajo apercibimiento de aplicar sanciones económicas. Al considerar que la orden seguía sin cumplirse, resolvió avanzar con las multas.

Frente a esa decisión, el Ministerio de Capital Humano presentó una queja para que se revisara el efecto con el que debía tramitarse la apelación. La Cámara hizo lugar al planteo y ordenó al juzgado de primera instancia adoptar las medidas necesarias para conceder el recurso con efecto suspensivo. De esta manera, quedaron temporalmente suspendidas la ejecución de la medida cautelar y la aplicación de las multas mientras se analiza la apelación.

Desde el Gobierno sostuvieron que la cautelar ya se encontraba cumplida y cuestionaron la obligación de afrontar pagos sin que estuvieran determinados con precisión los montos adeudados ni el alcance concreto de las exigencias judiciales.

La controversia se originó en una resolución que ordenó al Poder Ejecutivo aplicar las disposiciones de la Ley de Financiamiento Universitario relacionadas con la recomposición de los salarios docentes y no docentes y la actualización de las becas estudiantiles, la medida cautelar había sido confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en junio de 2026.

La normativa establece mecanismos para recuperar el poder adquisitivo de los salarios universitarios y contempla actualizaciones vinculadas con la inflación, también dispone la recomposición de las becas destinadas a estudiantes de universidades públicas.

El conflicto judicial se desarrolla en medio de los reclamos de las universidades nacionales por la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y la insuficiencia de los recursos destinados al funcionamiento de las instituciones. En ese contexto, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que agrupa a los rectores de las universidades públicas, impulsó acciones para exigir el cumplimiento de la ley.

La decisión de la Cámara no resuelve la controversia de fondo sobre la aplicación de la normativa ni implica una definición definitiva acerca de las obligaciones salariales y presupuestarias del Estado. Por el momento, suspende provisoriamente las sanciones económicas mientras continúa el trámite judicial.

Sobre el autor

El Marplatense