Impulsan un jury contra la jueza que cuestionó la baja de la edad de imputabilidad

La controversia se originó tras una decisión del Juzgado Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N.º 3 de la Ciudad. En su fallo, la jueza Laura Beatriz De Marinis consideró que la reducción de la edad de punibilidad resulta regresiva y vulnera tratados internacionales con jerarquía constitucional, por lo que resolvió sobreseer al menor involucrado en la causa.

La magistrada fundamentó su decisión en principios de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes, así como en recomendaciones emitidas por organismos internacionales. Además, sostuvo que la incorporación temprana de menores al sistema penal debe ser una medida excepcional y no una respuesta automática frente a situaciones de vulnerabilidad social.

En una nota en Radio Mitre, el ministro de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Gabino Tapia anunció que presentará “a título personal” un pedido de jury contra la jueza De Marinis.

La resolución generó una inmediata reacción política. Jorge Macri anunció que impulsará el juicio político contra la jueza al considerar que su decisión contradice una ley vigente aprobada por el Congreso. En la misma línea se expresaron dirigentes del oficialismo nacional y de otros espacios que respaldan la baja de la edad de imputabilidad como herramienta para enfrentar delitos cometidos por menores.

El debate se produce en el marco de la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil, que redujo de 16 a 14 años la edad de imputabilidad para determinados delitos. La reforma fue aprobada este año por el Congreso y generó posiciones encontradas entre sectores políticos, especialistas en derecho penal, organizaciones de derechos humanos y organismos vinculados a la protección de la infancia.

Mientras avanza la discusión judicial y política, el eventual pedido de jury deberá seguir los mecanismos institucionales previstos para evaluar la conducta de los magistrados. El caso suma un nuevo capítulo a la controversia en torno a la aplicación de la nueva legislación penal juvenil y a los alcances del control de constitucionalidad ejercido por los jueces.

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El Marplatense