Hotesur y Los Sauces: comienza el juicio contra Cristina y Máximo Kirchner
El Tribunal Oral Federal N.º 5 inicia el debate unificado por dos causas que investigan operaciones inmobiliarias y hoteleras de la familia Kirchner. Hay 32 imputados y la Justicia deberá determinar si los negocios cuestionados fueron operaciones comerciales legítimas o parte de un esquema de lavado de activos.
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Este viernes comienza el juicio oral por las causas Hotesur y Los Sauces, que tienen entre sus principales acusados a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a su hijo Máximo Kirchner. La investigación busca establecer si se utilizaron sociedades hoteleras e inmobiliarias para canalizar fondos de presunto origen ilícito y darles apariencia legal.
El proceso estará a cargo del Tribunal Oral Federal N.º 5 y se desarrollará en los tribunales federales de Comodoro Py, en la Ciudad de Buenos Aires. El juicio estará a cargo de los jueces José Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni. La acusación será sostenida por los fiscales Diego Velasco y Juan Agustín Argibay Molina, mientras que la Unidad de Información Financiera (UIF) intervendrá como querellante.
En total, son 32 imputados, entre ellos los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa.
La apertura del debate representa un nuevo capítulo judicial para la expresidenta, mientras que para Máximo Kirchner será su primer juicio oral en una causa de estas características. La acusación sostiene que las operaciones investigadas habrían permitido incorporar al patrimonio familiar ingresos provenientes de empresarios que, durante los gobiernos kirchneristas, mantuvieron vínculos comerciales con el Estado.
Las causas Hotesur y Los Sauces analizan dos circuitos comerciales diferentes, pero relacionados por los actores involucrados y por la hipótesis de la fiscalía.
La primera audiencia estará centrada en la lectura de las acusaciones y de los requerimientos de elevación a juicio. A partir de allí, el tribunal deberá avanzar en el análisis de los hechos, la prueba y las intervenciones atribuidas a cada uno de los imputados.
El desarrollo del proceso será clave para determinar si las operaciones hoteleras e inmobiliarias cuestionadas constituyeron negocios legítimos o si, como sostiene la acusación, fueron utilizadas para lavar dinero de presunto origen ilícito.
