Causa ANDIS: Lijo citó a indagatoria a los dueños de Suizo Argentina y ordenó congelar sus bienes
El juez federal dispuso una ronda de indagatorias hasta el 26 de noviembre, a pedido de los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez. La investigación apunta a presuntas irregularidades en la compra de medicamentos de alto costo.
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El juez federal Ariel Lijo citó a declaración indagatoria a Jonathan y Emmanuel Kovalivker, propietarios de la droguería Suizo Argentina, en el marco de la causa que investiga presuntas maniobras de corrupción, cartelización y sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Además, ordenó la inhibición general de bienes de 36 imputados vinculados al expediente.
La resolución respondió al requerimiento de los fiscales federales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), quienes investigan un presunto esquema de direccionamiento de compras de medicamentos de alto costo dentro del organismo entre mayo de 2024 y agosto de 2025.
Según la hipótesis de la fiscalía, la droguería habría obtenido información privilegiada sobre las licitaciones, establecido montos discrecionales y coordinado con otras empresas un presunto reparto de cuotas de mercado. La investigación busca determinar las responsabilidades de los empresarios y de los funcionarios y operadores que habrían intervenido en las maniobras.
El cronograma de declaraciones comenzará el próximo jueves 29 con los interrogatorios a los hermanos Kovalivker y a Diego Viner, director de compras de Suizo Argentina.
La nómina de convocados incluye a directivos de distintas empresas proveedoras y contempla la ampliación de las declaraciones de ex funcionarios y operadores investigados en el expediente. Entre ellos se encuentran el extitular de ANDIS Diego Spagnuolo, Pablo Atchabahian y Miguel Ángel Calvete.
La ronda de indagatorias se extenderá hasta el 26 de noviembre, de acuerdo con el cronograma dispuesto por el magistrado.
Además de las citaciones, Lijo ordenó la inhibición general de bienes de 36 personas imputadas en la causa. La medida busca preservar el patrimonio ante la posibilidad de un eventual decomiso o de una reparación económica derivada del proceso judicial.
Para instrumentar las restricciones, el juez dispuso notificar las medidas cautelares a los registros de la Propiedad Inmueble, del Automotor, de Buques y de la Aviación Civil.
La investigación se centra en determinar si existió una estructura destinada a direccionar contrataciones públicas y favorecer a determinadas empresas proveedoras de medicamentos. Las responsabilidades penales deberán establecerse a partir de las pruebas reunidas y el avance del proceso judicial.
