“Hay un riesgo legal de exposición patrimonial enorme”
En localidades de la Costa Atlántica, entre ellas Mar del Plata, se aprobó una normativa prohibir la “difusión por cualquier modo o formato y/o la oferta pública del servicio de intermediación inmobiliaria bajo el nombre de franquicias, licencias o marcas”.
Además, el incumplimiento de la prohibición, “dará lugar a la imposición de una multa para las personas humanas y/o jurídicas responsables, graduable entre cincuenta sueldos y ochenta sueldos mínimos del personal municipal”. Asimismo, la multa se agrava “en caso de reincidencia”.
Las sanciones de este tipo de ordenanzas comenzaron en 2020, de la mano del Colegio de Corredores Inmobiliarios porteño (CUCICBA) quienes denunciaron a RE/MAX por ejercer “una actividad ilícita”.
La presentación fue hecha ante la Inspección General de Justicia (IGJ) que estableció, con la resolución N° 350, disolver RE/MAX Argentina SRL. Tras la apelación de RE/MAX, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial ordenó -en mayo de este año- dejar sin efecto la resolución con imposición de costas al organismo.
Al Colegio porteño se sumaron el Colegio de Martilleros de la Provincia de Buenos Aires y dos docenas de Colegios distritales bonaerenses. El común denominador de la estrategia fue argumentar ante los municipios con la resolución de la IGJ. Desde la CAMESI destacan que el objetivo “fue eliminar la competencia comercial”.
De acuerdo con lo que explica Mariano García Malbrán, presidente de CAMESI, “la resolución de la IGJ fue rechazada por la Cámara de Apelaciones en lo Comercial, con expresa imposición de costas".
A continuación, puntualizó que "esto cambia absolutamente el panorama de las ordenanzas, que ya eran ilegales porque son contrarias a la Ley Orgánica de las Municipalidades al legislar sobre aspectos y cuestiones que van más allá de su competencia; pero ahora este fallo de la Cámara Nacional deja a los municipios y a los concejales en un riesgo legal de exposición patrimonial enorme. Y la realidad es que están causando un daño muy importante, no solamente a la industria inmobiliaria, sino también a la de la publicidad”.
Malbrán indicó también que “los municipios van a ser responsables patrimonialmente por daños y perjuicios civiles. Estas acciones serán iniciadas por los corredores inmobiliarios que contrataron los servicios de las marcas y tuvieron un daño patrimonial enorme, derivado de una ordenanza ilegal. Asimismo, las asociaciones de publicistas se encuentran analizando el mismo camino".
"Además, los concejales podrán recibir cargos patrimoniales por su responsabilidad personal frente al Estado, porque se basaron en una resolución administrativa de un organismo del Poder Ejecutivo que aún no se encontraba firme para prohibir la actividad comercial de empresas que prestan un servicio absolutamente legal y que genera muchos puestos de trabajo e ingresos económicos de manera directa e indirecta”, manifestó.
“Además de General Pueyrredon, los municipios, concejales e intendentes de Ayacucho, Azul, Berazategui, Berisso, Bolívar, Campana, Chacabuco, Chivilcoy, Escobar, Exaltación de la Cruz, General Madariaga, Almirante Brown, Partido de La Costa, Magdalena, Monte Hermoso, Necochea, Pehuajó, Pinamar, Punta Indio, Salliqueló, Salto, San A. de Areco, San A. de Giles, San Cayetano, Tandil, Tordillo, Trenque Lauquen, Villa Gesell y Zárate, están reñidos con el orden jurídico al mantener vigentes las ordenanza prohibicionistas. Así las cosas, deberían vetarlas para evitar acciones judiciales millonarias que afectarán las finanzas de los municipios y el patrimonio de los concejales que la votaron”, según se indicó.
