España aprobó nuevas medidas de vivienda, pero rechazó la renovación automática de alquileres
El Congreso español convalidó un decreto que contempla ayudas para acceder a la primera vivienda, protección frente a desalojos y beneficios fiscales. Sin embargo, la oposición bloqueó una segunda iniciativa que buscaba extender los contratos de alquiler por tiempo indefinido.
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El Congreso de los Diputados de España aprobó este jueves 12 de noviembre un paquete de medidas destinadas a facilitar el acceso a la vivienda y proteger a los inquilinos. La iniciativa, conocida como “decreto Maricarmen”, obtuvo 35 votos a favor y 34 en contra durante una sesión de la Diputación Permanente.
La normativa impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez contempla la suspensión de desalojos para familias vulnerables sin alternativa habitacional hasta 2030 y la prórroga automática de los contratos de alquiler durante 2028.
Además, incorpora el programa “Tu Casa”, que ofrecerá préstamos de hasta 50.000 euros para la compra de una primera vivienda. La iniciativa contará con un presupuesto de 10.000 millones de euros y será administrada por el Instituto de Crédito Oficial.
El decreto también establece un fondo de 400 millones de euros para impulsar viviendas sociales y contempla incentivos fiscales para propietarios que reduzcan el precio de los alquileres, con bonificaciones que podrían alcanzar el 100% de las rentas.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, defendió las disposiciones y aseguró que buscan proteger tanto a los inquilinos como a los pequeños propietarios, mientras se amplía la oferta habitacional.
Rechazaron la extensión indefinida de los contratos
En la misma sesión, el Congreso rechazó un segundo decreto que proponía renovar automáticamente los contratos de alquiler una vez cumplido su plazo inicial.
La propuesta establecía que, después de cinco años de arrendamiento, o siete cuando el propietario fuera una empresa, los contratos se extendieran por un período equivalente. También contemplaba una indemnización de 12 mensualidades para los inquilinos cuando el dueño decidiera finalizar el acuerdo.
El proyecto obtuvo 34 votos favorables, pero no consiguió el respaldo necesario debido a la oposición del Partido Popular, Vox, Junts per Catalunya y el Partido Nacionalista Vasco.
Desde el Gobierno señalaron que la medida podría beneficiar a cinco millones de personas y representar un ahorro de hasta 4.341 euros por inquilino.
Por su parte, el PNV, que acompañó el primer decreto, rechazó esta segunda iniciativa al considerar excesiva la compensación económica prevista para los propietarios.
La votación dejó en evidencia las diferencias políticas en torno al acceso a la vivienda, uno de los principales problemas sociales de España, y anticipa que el debate continuará después de las próximas elecciones.
