Endurecen sanciones por agresiones a docentes y trabajadores de la salud
La Provincia reformó el Código de Faltas mediante una nueva legislación destinada a castigar conductas hostiles contra trabajadores esenciales y de la educación.
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La provincia de Buenos Aires modificó el Código de Faltas para sancionar con días de arresto o multas a quienes agredan, insulten, hostiguen o perturben a docentes, trabajadores de la salud y empleados de servicios públicos esenciales durante el ejercicio de sus funciones.
La medida, establecida en la Ley 15.647, modifica el artículo 74 bis del Decreto-Ley 8031/73. Impulsada por el senador de Unión y Libertad Sergio Vargas, la iniciativa amplía el alcance de la protección prevista en la legislación provincial, que ya contemplaba sanciones por hechos de violencia contra trabajadores de la educación.
Más allá de los días de arresto, que pueden ser de 5 a 30, las multas a partir de ahora serán entre el 50% y el 100% del haber mensual de un oficial del Agrupamiento Comando de la Policía bonaerense.
La norma alcanza a las conductas que ocurran dentro de los establecimientos educativos públicos o privados, centros de salud, dependencias de atención al público o en sus inmediaciones.
Entre las acciones sancionadas figuran el hostigamiento, el maltrato, los insultos, las provocaciones que generen escándalo y los actos de violencia física que no constituyan un delito de mayor gravedad.
A su vez, contempla arrojar objetos contra los trabajadores o bienes de utilidad pública, ingresar sin autorización a sectores restringidos y negarse a retirarse cuando lo solicite el personal, así como cualquier conducta que perturbe el normal desarrollo de las funciones.
Esta ley establece que las sanciones se van a duplicar cuando los hechos ocurran frente a alumnos, pacientes o menores de edad. El monto de las multas se calculará sobre el haber mensual de un oficial del Agrupamiento Comando de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, o de la categoría que lo reemplace en el futuro, y se determinará al momento del pago efectivo.
La reforma incorpora expresamente a los trabajadores de los servicios públicos esenciales y del sistema de salud, además del personal educativo. De esta manera, extiende la protección a quienes desempeñan tareas en ámbitos donde las agresiones pueden interferir con la atención al público y la prestación de servicios.
