El Senado dio media sanción a la reforma de Salud Mental: qué cambios propone

El Senado de la Nación aprobó una reforma de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657, vigente desde 2010, que introduce modificaciones en los procedimientos de internación, la composición de los equipos médicos y las garantías para los pacientes. La iniciativa obtuvo 42 votos afirmativos y 21 negativos y ahora deberá ser debatida en la Cámara de Diputados antes de convertirse en ley.

Uno de los cambios más importantes está relacionado con las internaciones involuntarias, es decir, aquellas que se realizan sin el consentimiento del paciente. El proyecto propone reemplazar el requisito de "riesgo cierto e inminente" por el de "riesgo grave de daño para la vida o la integridad física", ampliando los elementos que podrán considerar los profesionales al evaluar cada situación.

De esta manera, podrán tenerse en cuenta antecedentes de conductas o pensamientos relacionados con posibles daños, la evolución esperada del cuadro clínico y las consecuencias de no intervenir. Sin embargo, la internación continuará siendo una medida excepcional, reservada para aquellos casos en los que las alternativas de tratamiento ambulatorio no resulten eficaces.

La propuesta también establece que, ante una situación de urgencia y cuando solo se encuentre disponible un médico, este podrá disponer una internación provisoria, que deberá ser evaluada por un equipo interdisciplinario dentro de las 48 horas posteriores.

En cuanto a la atención profesional, la reforma contempla la presencia obligatoria de un médico psiquiatra en los equipos interdisciplinarios, integrados también por especialistas en psicología, enfermería, trabajo social y terapia ocupacional, entre otras disciplinas.

Para autorizar una internación sin consentimiento se exigirán dos firmas profesionales, una correspondiente a un médico, preferentemente psiquiatra o con formación en salud mental, y otra, preferentemente, de un psicólogo. En aquellos lugares donde no haya un psiquiatra disponible presencialmente, se permitirá su participación mediante una teleconsulta en tiempo real.

Otro punto relevante es la modificación de los plazos de intervención judicial. El proyecto amplía de 10 a 24 horas el tiempo para informar una internación involuntaria al juez competente y al Órgano de Revisión. La Justicia mantendrá facultades de control y podrá solicitar documentación o dejar sin efecto una medida cuando no se cumplan los requisitos establecidos.

Asimismo, se incorpora la obligación de elaborar un plan de egreso desde el comienzo del tratamiento, contemplando las necesidades terapéuticas y los recursos familiares o comunitarios disponibles para acompañar al paciente. Se considerarán prolongadas las internaciones que superen los 180 días consecutivos o alcancen ese período mediante ingresos reiterados.

La iniciativa también busca fortalecer la participación de las familias y las personas de apoyo, garantizando su acceso a información y orientación para acompañar los tratamientos. Cuando el paciente no cuente con familiares disponibles o estos no puedan asumir esa responsabilidad, el Estado deberá proporcionar los dispositivos de asistencia necesarios.

En el caso de niños y adolescentes, se establece que deberán recibir atención en espacios diferenciados de los destinados a adultos y mediante equipos especializados. También se refuerzan el derecho a ser escuchados, la confidencialidad y el principio de autonomía progresiva. Su internación en establecimientos para adultos quedará limitada a circunstancias excepcionales y por el menor tiempo posible.

Por otra parte, el texto mantiene la prohibición de crear nuevos manicomios y suma expresamente el rechazo a las prácticas manicomiales. La atención podrá desarrollarse en hospitales generales, centros especializados y dispositivos comunitarios, con alternativas ambulatorias, domiciliarias y de inclusión social.

Entre las novedades figura además el reconocimiento de las directivas anticipadas sobre tratamientos, que permitirán a las personas dejar expresadas sus preferencias respecto de determinadas intervenciones médicas y designar a alguien que comunique sus decisiones cuando no puedan hacerlo personalmente.

Durante el debate parlamentario también surgieron cuestionamientos sobre los recursos económicos necesarios para implementar las modificaciones. En ese sentido, el proyecto conserva la previsión de destinar al menos el 10% del presupuesto sanitario a salud mental y establece mecanismos de cooperación entre el Gobierno nacional y las provincias.

Tras obtener media sanción en el Senado, la reforma continuará su tratamiento en la Cámara de Diputados, donde deberá conseguir la aprobación definitiva para que los cambios puedan entrar en vigencia.

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El Marplatense