El Senado aprobó por unanimidad la ley permanente de discapacidad
La norma mantiene la compatibilidad de las pensiones con el empleo, la actualización de aranceles y la cobertura de Incluir Salud. También establece auditorías, un piso presupuestario y un cronograma para cancelar deudas con prestadores.
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El Senado de la Nación convirtió en ley, por unanimidad de los 71 legisladores presentes, el proyecto que establece un régimen permanente para el sistema de discapacidad. La iniciativa mantiene los principales beneficios contemplados en la emergencia vigente, que vence en diciembre, y había sido rechazada por el Gobierno nacional el año pasado.
La sanción se produjo un año después del rechazo de la emergencia en discapacidad y en un contexto de reclamos de organizaciones y colectivos vinculados al sector. Durante el debate, el oficialismo defendió la necesidad de establecer un marco normativo permanente, mientras que distintos sectores de la oposición cuestionaron las políticas implementadas por el Gobierno nacional.
La sesión había comenzado pasadas las 11:00 y contempló, además, el tratamiento de otros asuntos parlamentarios, entre ellos la adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, iniciativas vinculadas a la Ley de Tierras y la Ley Joaquín.
La norma, denominada Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, toma como referencia el esquema establecido en la Ley 27.793, elimina su carácter transitorio y de emergencia y establece un régimen permanente y de orden público.
Entre sus principales disposiciones, mantiene la compatibilidad entre el cobro de una pensión no contributiva por discapacidad, equivalente al 70% del haber jubilatorio mínimo, y el trabajo formal o el monotributo. Para acceder a esta posibilidad, los ingresos no deberán superar los dos salarios mínimos, vitales y móviles y se deberá contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD).
También conserva el nomenclador único y establece la actualización automática y periódica de los aranceles según el índice de movilidad jubilatoria vinculado al Índice de Precios al Consumidor (IPC). También garantiza la cobertura básica del programa federal Incluir Salud para quienes perciben la pensión.
Por otra parte establece que la asignación presupuestaria del Ministerio de Salud no podrá ser inferior, en términos reales, a la correspondiente al ejercicio fiscal anterior, y crea un sistema de auditorías periódicas mediante el cruce de información entre la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) y el Registro Nacional de las Personas (RENAPER). Los procedimientos deberán respetar el principio del debido proceso inclusivo.
Además, incorpora una cláusula transitoria que establece un cronograma para cancelar las compensaciones adeudadas a los prestadores y fija un plazo máximo de 30 días para que el Poder Ejecutivo reglamente la ley.
