El Senado acelera el debate por la nueva Ley de Discapacidad

El Senado de la Nación pondrá en marcha este miércoles 4 de noviembre el debate por la nueva Ley de Discapacidad, en una jornada clave para el futuro del proyecto que busca garantizar el financiamiento del sistema y dejar atrás el esquema de emergencia vigente.

El oficialismo intentará conseguir dictamen en comisión antes de la llegada del papa León XIV a la Argentina, con el objetivo de llevar la iniciativa al recinto durante la segunda mitad de noviembre y lograr su aprobación antes del cierre del período ordinario de sesiones, previsto para el 30 de noviembre.

El tratamiento comenzará a las 16:00, durante un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano. Ambas están encabezadas por los senadores Agustín Monteverde, de La Libertad Avanza, y Alicia Kirchner, del bloque Justicialista.

El proyecto ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, donde fue aprobado en octubre con 237 votos afirmativos, 9 negativos y 4 abstenciones, luego de una negociación entre el oficialismo y distintos bloques opositores.

La iniciativa, denominada Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, establece un esquema de financiamiento permanente para garantizar la continuidad de las prestaciones destinadas a las personas con discapacidad.

Entre sus principales puntos, contempla la compatibilidad de las pensiones no contributivas por discapacidad con el empleo formal, siempre que se cumplan determinados límites de ingresos. También garantiza la continuidad del programa Incluir Salud, destinado a brindar cobertura médica y prestaciones básicas a los titulares de pensiones no contributivas.

Otro de los aspectos centrales es la asignación de partidas presupuestarias específicas para sostener el funcionamiento del sistema. El texto establece que los recursos destinados a estas prestaciones no podrán perder poder adquisitivo en términos reales respecto del ejercicio anterior.

Además, incorpora un mecanismo para regularizar las deudas que el Estado mantiene con los prestadores de servicios de discapacidad, mediante un cronograma de pagos.

El proyecto también establece mecanismos de control y auditorías periódicas para verificar el cumplimiento de los requisitos de acceso y permanencia en las pensiones. Para ello, se prevé el cruce de información entre distintos organismos estatales, como ANSES, ARCA, RENAPER y el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS).

En caso de detectarse irregularidades, se contempla un procedimiento de notificación y un plazo de 60 días para que las personas involucradas puedan presentar sus descargos antes de que se adopten decisiones sobre los beneficios.

La discusión llega a la Cámara alta después de una serie de negociaciones que obligaron al Gobierno nacional a introducir modificaciones en su postura inicial.

El Senado tendrá una jornada determinante, ya que si bien el proyecto cuenta con un amplio respaldo en Diputados, todavía necesita la aprobación de la Cámara alta para convertirse en ley.

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El Marplatense