El oficialismo consiguió dictamen para la Ley de Soberanía Nacional

El oficialismo consiguió este martes dictamen de mayoría para el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional en la Cámara de Diputados, luego de reunir 60 firmas en un plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto. El avance se produjo con el acompañamiento del PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y otros espacios aliados, en una reunión atravesada por fuertes cuestionamientos de la oposición.

La iniciativa impulsada por el gobierno de Javier Milei quedó en condiciones de avanzar hacia el recinto. Según trascendió, la intención del oficialismo es debatirla el próximo 12 de noviembre, aunque la fecha todavía no es oficial.

El dictamen de mayoría reunió 60 firmas sobre un total de 104 legisladores presentes. Por su parte, Unión por la Patria presentó un despacho de minoría con 38 firmas, mientras que otros sectores opositores también formularon dictámenes alternativos. Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, presentó un dictamen de rechazo.

El plenario fue encabezado por los diputados libertarios Carlos Zapata, Laura Rodríguez Machado y Juliana Santillán, titulares de las comisiones involucradas.

Para conseguir los respaldos necesarios, el oficialismo incorporó modificaciones al texto original, luego de mantener distintas reuniones con los bloques dialoguistas. Los cambios incluyeron precisiones sobre las sanciones a empresas, las atribuciones del Consejo de Seguridad Nacional y los mecanismos de control parlamentario.

Uno de los puntos centrales es la creación de un régimen de sanciones para quienes participen en la explotación no autorizada de recursos naturales en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.

El proyecto contempla multas, penas de prisión e inhabilitaciones para determinadas actividades. También establece restricciones para las personas y empresas sancionadas, que podrían quedar impedidas de contratar con el Estado o acceder a ciertos beneficios.

Sin embargo, tras los planteos de los aliados y las observaciones realizadas por Estados Unidos, el Gobierno aceptó delimitar el alcance de algunas penalidades para evitar que afecten indiscriminadamente a proveedores, accionistas minoritarios y empresas con vínculos indirectos con los proyectos cuestionados.

La discusión también incluyó cambios en la estructura del Consejo de Seguridad Nacional y la incorporación de una comisión bicameral para supervisar sus decisiones. El objetivo es establecer mecanismos de información y control legislativo sobre determinadas medidas y actuaciones urgentes.

Además de las disposiciones vinculadas con Malvinas, el proyecto introduce modificaciones en la organización de la seguridad nacional y en determinadas figuras penales.

Entre los cambios acordados con los bloques aliados se incorporó la participación del Ministerio de Seguridad Nacional en el Consejo de Seguridad Nacional, con competencias delimitadas. También se establecieron mecanismos de control parlamentario a través de una comisión bicameral integrada por cuatro diputados y cuatro senadores.

Otro de los aspectos modificados fue el artículo que contemplaba sanciones por campañas de desinformación vinculadas con Estados extranjeros. La nueva redacción reemplaza esa formulación por la figura de “campaña de injerencia extranjera” y establece condiciones específicas para que una conducta pueda encuadrarse en ese delito. El texto también excluye expresamente de esa figura el ejercicio periodístico, la investigación académica, la actividad diplomática legítima y la representación abierta de intereses.

Los cambios buscan responder a las objeciones planteadas durante las negociaciones parlamentarias, aunque algunos aspectos del alcance de las sanciones y de las nuevas atribuciones institucionales continúan generando cuestionamientos.

Con el dictamen de mayoría firmado, el oficialismo avanzará ahora en las negociaciones para reunir los votos necesarios en el recinto. 

La discusión en Diputados determinará si el oficialismo consigue transformar el respaldo obtenido en las comisiones en los votos necesarios para avanzar con una de las iniciativas centrales de su agenda de seguridad y política exterior.

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El Marplatense