El Niño: nación declaró la emergencia agropecuaria en 9 de Julio y Necochea
La declaración rige hasta el 31 de octubre y habilita el acceso a beneficios fiscales y financieros para los productores afectados.
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El Gobierno nacional declaró la emergencia y/o desastre agropecuario por inundaciones en 9 de Julio y Necochea. La decisión, formalizada por el Ministerio de Economía, busca habilitar los mecanismos de asistencia previstos por la legislación vigente para las explotaciones rurales afectadas por los anegamientos.
La resolución comprende el período entre el 1° de mayo y el 31 de octubre de 2026 y se enmarca en la Ley Nacional 26.509, que establece herramientas de asistencia para productores perjudicados por fenómenos naturales adversos. La medida fue publicada este lunes y representa el reconocimiento nacional de una emergencia que ya había sido declarada por la Provincia. La declaración alcanza a la totalidad del partido de 9 de Julio y a las circunscripciones II, III, IV y XII del partido de Necochea.
El reconocimiento nacional se produjo después de que la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios analizara la situación planteada por el Gobierno bonaerense y recomendara avanzar con la medida. Como antecedente, se tomó el Decreto provincial 1270, firmado el 31 de agosto de este año.
La declaración permite avanzar con los mecanismos de asistencia contemplados en la normativa nacional. Entre ellos se encuentran beneficios impositivos y facilidades financieras, sujetos a las condiciones establecidas por la legislación y a la situación particular de cada explotación.
Para acceder a estas herramientas, los productores deberán presentar un certificado emitido por la autoridad competente de la provincia de Buenos Aires. El documento deberá acreditar que sus establecimientos están comprendidos dentro de las zonas y condiciones reconocidas por la emergencia.
Además, el Gobierno bonaerense tendrá que remitir a la Secretaría Técnica Ejecutiva de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios el listado de los productores alcanzados, junto con las copias de los certificados correspondientes.
La resolución también instruye a las entidades bancarias nacionales, oficiales o mixtas, y a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a instrumentar los mecanismos necesarios para que los beneficiarios puedan acceder a las medidas previstas en los artículos 22 y 23 de la Ley 26.509.
La Provincia había declarado previamente la emergencia y presentado la situación ante la comisión nacional, que analizó el pedido y recomendó homologar la medida. La resolución nacional permite avanzar con los procedimientos administrativos necesarios para instrumentar los beneficios correspondientes.
