El Gobierno suma 27 rutas nacionales al plan de concesiones
A través de un decreto, el Ejecutivo habilitó la incorporación de nuevos corredores a la Red Federal de Concesiones. Empresas privadas podrán hacerse cargo de su mantenimiento, reparación y explotación mediante el cobro de peajes. La provincia de Buenos Aires está entre las jurisdicciones alcanzadas.
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El Gobierno nacional avanzó con una nueva etapa de su política de concesiones viales y habilitó la incorporación de 27 rutas nacionales al esquema de gestión privada mediante el cobro de peajes. La medida quedó oficializada a través del Decreto 1358/2026, publicado en el Boletín Oficial, y forma parte del proyecto denominado Red Federal de Concesiones.
La iniciativa apunta a transferir al sector privado la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento de distintos tramos de la red vial nacional. A cambio, las empresas que resulten adjudicatarias podrán cobrar peajes y desarrollar actividades complementarias que generen ingresos adicionales.
La decisión alcanza a corredores distribuidos en distintas regiones del país y comprende a las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Chubut, Santa Cruz, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Jujuy, Salta, La Rioja, La Pampa y Neuquén.
En territorio bonaerense, el listado incluye las rutas nacionales 3, 9, 22, 33, 35 y 228, además del acceso A0017. Algunas de estas trazas también atraviesan otras provincias.
El esquema contempla, además, las rutas nacionales 11, 12, 14 y 16, entre otras. En la Patagonia se incorporan las rutas 25 y 26, en Chubut, y la 237, en Neuquén. También aparecen corredores estratégicos del centro y norte del país, como las rutas 34, 38, 50, 60, 81, 86, 89, 120, 121, 122, 151, 152 y 158.
La incorporación al decreto no implica que todas las rutas vayan a ser concesionadas en su totalidad. La Secretaría de Transporte tendrá la facultad de determinar qué tramos específicos integrarán los futuros corredores, de acuerdo con los estudios técnicos y las condiciones económicas, jurídicas y tarifarias correspondientes.
El Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Transporte, tendrá un plazo de 12 meses para convocar a licitaciones públicas nacionales e internacionales. Antes de avanzar con cada proceso, deberá contar con informes técnicos de la Dirección Nacional de Vialidad. Ese organismo, por su parte, será el encargado de supervisar y controlar el cumplimiento de los contratos que se firmen con las empresas adjudicatarias.
El decreto también establece que los nuevos tramos no podrán superponerse con concesiones que ya se encuentren vigentes, aunque algunas rutas vuelven a aparecer en esta ampliación porque se trata de sectores diferentes de las mismas trazas.
Desde el Ejecutivo sostienen que el esquema permitirá atraer inversiones privadas para mejorar la infraestructura vial, garantizar tareas de mantenimiento, reforzar la seguridad en las rutas y reducir los costos logísticos.
La medida se inscribe en la estrategia oficial de reducir la participación directa del Estado en la administración de determinados corredores y trasladar al sector privado la responsabilidad de financiar y ejecutar las obras a través del sistema de concesiones por peaje.
