El Gobierno pidió créditos al BID para subsidiar energía y avanzar con las reformas del Estado
A través de dos decretos publicados en el Boletín Oficial, el Gobierno de Javier Milei aprobó financiamiento internacional para asistir a hogares vulnerables y modernizar la gestión pública. Uno de los créditos es por US$500 millones y el otro contempla una línea de hasta US$800 millones.
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El Gobierno nacional oficializó este miércoles dos operaciones de crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por un monto total de hasta US$1.300 millones. Los fondos estarán destinados a financiar el esquema de subsidios energéticos para sectores vulnerables y avanzar con el programa de transformación de la administración pública.
Las medidas quedaron establecidas mediante los decretos 1177/2026 y 1178/2026, publicados en el Boletín Oficial. Las disposiciones llevan las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.
Los acuerdos se enmarcan en la estrategia económica del oficialismo, que busca reorganizar el gasto público, modificar el sistema de asistencia energética y mejorar la eficiencia de la estructura estatal mediante financiamiento de organismos internacionales.
El primero de los préstamos contempla hasta US$500 millones para el programa de Apoyo a la Focalización de Subsidios Energéticos con Protección a Hogares Vulnerables. Según la documentación oficial, el objetivo es garantizar el acceso al consumo de gas de los hogares de menores ingresos y, al mismo tiempo, contribuir a la sostenibilidad fiscal del sistema de subsidios.
El programa prevé alcanzar a aproximadamente 1,2 millones de hogares que reciben asistencia para el consumo de gas y a otros 3,5 millones de usuarios de gas licuado de petróleo (GLP), principalmente quienes utilizan garrafas. El acuerdo también contempla el reconocimiento de gastos retroactivos por hasta US$100 millones, correspondientes a desembolsos realizados desde el 28 de abril de 2026 para subsidiar el consumo de gas de los hogares vulnerables.
En cuanto a las condiciones financieras, el crédito tendrá un período de desembolso de cuatro años y un plazo de devolución del capital de 25 años, con pagos semestrales. Además, establece un período de gracia de cinco años y medio para el pago de la primera cuota de capital. Los intereses se calcularán sobre la base de la tasa SOFR, más el margen aplicable a los préstamos del capital ordinario del BID.
El segundo acuerdo está destinado al programa Transformación del Estado Nacional I y establece una línea de crédito condicional de hasta US$800 millones.
Sin embargo, el monto previsto para la primera etapa es de US$300 millones, según lo establecido en el Decreto 1177/2026.
El programa apunta a modernizar la administración pública, mejorar la gestión del empleo estatal e incorporar capacidades tecnológicas que permitan optimizar los procedimientos administrativos y la utilización de los recursos públicos.
El acceso a fondos del BID permitirá financiar programas específicos, pero también implica compromisos de devolución e intereses que deberán ser considerados dentro de las obligaciones financieras del país.
