El Gobierno oficializó un nuevo plan de retiros voluntarios

A través del Decreto 1203/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, la gestión de Javier Milei oficializó un nuevo régimen de retiros voluntarios con el objetivo de continuar reduciendo la estructura de la administración pública nacional.

La medida, impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que conduce Federico Sturzenegger, alcanzará al personal de planta permanente comprendido en la Ley 25.164 y a los trabajadores con contratos por tiempo indeterminado regidos por la Ley de Contrato de Trabajo, dentro de la administración pública nacional centralizada.

El período de adhesión se extenderá del 1 al 30 de noviembre, con la posibilidad de una prórroga de hasta 30 días corridos. El nuevo esquema se inscribe en la estrategia oficial de achicamiento del Estado, que combina la reducción de personal con la reorganización de organismos y estructuras administrativas.

El programa establece compensaciones económicas diferenciadas de acuerdo con la edad, la antigüedad laboral y los años de aportes jubilatorios de cada trabajador. La adhesión implica el cierre de la relación laboral y, según lo dispuesto por el decreto, la eliminación del cargo presupuestario correspondiente.

Grupo 1: trabajadores próximos a la edad jubilatoria sin aportes suficientes. Está dirigido a mujeres desde los 58 años y hombres desde los 63 que no reúnan los aportes necesarios para acceder a la jubilación. Podrán elegir entre una gratificación de pago único o una prestación equivalente al 60% del salario bruto mensual durante un máximo de 36 meses.

Grupo 2: trabajadores con los aportes necesarios para jubilarse. Comprende a mujeres de entre 58 y 64 años y hombres de entre 63 y 64 que acrediten al menos 30 años de aportes. En estos casos, la compensación podrá alcanzar el equivalente a 18 salarios, más cinco remuneraciones adicionales.

Grupo 3: trabajadores que no están próximos a la edad jubilatoria. Incluye a mujeres de hasta 57 años y hombres de hasta 62. La compensación contempla un salario por cada año de antigüedad, con un tope de 20 remuneraciones, más un adicional equivalente a cuatro salarios para quienes tengan menos de 15 años de servicio o cinco salarios para quienes acumulen 15 años o más.

La iniciativa busca que los empleados acepten una salida acordada a cambio de una compensación económica. Sin embargo, cada puesto que quede vacante como resultado del régimen deberá ser suprimido.

El alcance del decreto se limita a las jurisdicciones y organismos que integran la administración pública nacional centralizada. Por lo tanto, no supone una convocatoria general para todos los trabajadores de empresas estatales, organismos descentralizados y demás entidades del sector público.

Además, quienes adhieran al régimen tendrán una restricción para volver a desempeñarse en el sector público nacional durante ocho años, una condición que introduce un límite significativo para quienes evalúen aceptar la propuesta.

Con este nuevo régimen, Milei y Sturzenegger ratifican que la reducción del empleo público continúa siendo una prioridad de su programa económico. La convocatoria de noviembre abre una nueva etapa de un proceso que ya incluyó la no renovación de contratos, desvinculaciones y otros mecanismos de reducción de personal.

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El Marplatense