El Gobierno nacional autorizó una licitación para obras en la Base Naval de Ushuaia

El Gobierno nacional autorizó una licitación pública por $7.638 millones para avanzar con la construcción de galpones modulares y obras complementarias en la Base Naval Integrada de Ushuaia, en Tierra del Fuego. La medida fue oficializada este martes a través de la Resolución 733/2026 del Ministerio de Defensa, firmada por el ministro Carlos Alberto Presti y publicada en el Boletín Oficial.

El presupuesto oficial asciende a $7.638.061.962 y el plazo previsto para la ejecución de los trabajos es de 548 días corridos. La contratación se realizará mediante el sistema de ajuste alzado, una modalidad que establece un precio global para las obras contempladas en el contrato.

La resolución habilita el llamado a la Licitación Pública Nacional N.º 38-0502-LPU26 y aprueba los pliegos de condiciones particulares, las especificaciones técnicas y los planos que regirán el procedimiento. La convocatoria se tramitará a través de la plataforma electrónica CONTRAT.AR, donde las empresas interesadas deberán presentar sus ofertas.

Según el cronograma publicado en el Boletín Oficial, la recepción de propuestas está prevista hasta el 19 de noviembre de 2026, fecha establecida también para la apertura de las ofertas.

La construcción de los galpones no constituye una iniciativa aislada, sino que forma parte de un proyecto de infraestructura más amplio identificado como BAPIN 100.426. El plan contempla la construcción de un muelle, instalaciones conexas y la adquisición de maquinaria y equipamiento en el sector oriental de la península de Ushuaia.

El objetivo es desarrollar infraestructura para fortalecer las capacidades logísticas y operativas de la Armada Argentina, con especial relevancia para las actividades marítimas y el apoyo a las operaciones antárticas.

La Base Naval Integrada de Ushuaia ocupa un lugar estratégico por su ubicación geográfica, próxima a las rutas marítimas que conectan el territorio continental con la Antártida. Por ese motivo, el desarrollo del complejo forma parte de una planificación de mayor alcance para consolidar la presencia argentina en el Atlántico Sur.

De acuerdo con la resolución ministerial, los gastos correspondientes a esta contratación se imputarán al presupuesto del Ministerio de Defensa, dentro de las partidas del Estado Mayor General de la Armada.

La documentación oficial señala que la fuerza cuenta con crédito presupuestario para iniciar el procedimiento durante 2026. Además, contempla compromisos de inversión para los ejercicios 2027, 2028 y 2029, cuya cobertura presupuestaria deberá instrumentarse conforme a las previsiones correspondientes.

El esquema de financiamiento plurianual refleja que la iniciativa excede el ejercicio en curso y requiere continuidad de los recursos para avanzar con las distintas etapas del proyecto.

En cuanto al control de los trabajos, la Dirección General del Material de la Armada tendrá a su cargo la dirección de la obra, mientras que la Jefatura de Infraestructura de la fuerza será responsable de la inspección técnica. El jefe del Estado Mayor General de la Armada también tendrá facultades vinculadas con la firma del contrato y la administración del procedimiento.

La inversión se inscribe en una discusión más amplia sobre las capacidades de Defensa, la infraestructura estratégica y la presencia argentina en el extremo austral. En ese escenario, el desafío para el Gobierno será transformar los anuncios y las partidas presupuestarias en avances concretos, con plazos verificables y mecanismos de control que permitan seguir la ejecución de los fondos públicos.

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El Marplatense