El financiamiento universitario vuelve a enfrentar al Gobierno con la oposición en Diputados
El oficialismo defenderá este martes el presupuesto 2027, donde el centro de la discusión estará en las partidas previstas para las universidades públicas, mientras los bloques opositores reclamarán más recursos y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
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La Cámara de Diputados retomará este martes el debate por el Presupuesto 2027, en una jornada marcada por la disputa en torno al financiamiento de las universidades nacionales. El Gobierno buscará sostener su propuesta presupuestaria, mientras la oposición insistirá en la necesidad de garantizar los recursos para el funcionamiento de las instituciones y la recomposición salarial de docentes y no docentes.
La reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por el diputado libertario Bertie Benegas Lynch, comenzará a las 10:00 y contará con la presencia del secretario de Educación, Carlos Torrendell, y del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quienes expondrán sobre la política educativa del Ejecutivo.
Uno de los principales puntos de conflicto está en los fondos previstos para el sistema universitario. El proyecto oficial contempla transferencias por $7,7 billones para 2027, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclama alrededor de $11 billones para garantizar el funcionamiento de las casas de estudio.
La diferencia expone la tensión entre la política fiscal del Gobierno de Javier Milei y las demandas de las universidades públicas, que advierten sobre las dificultades para sostener sus actividades frente al deterioro de los recursos y los salarios.
Desde la oposición, distintos bloques exigirán que el Presupuesto incorpore las partidas necesarias para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario y Recomposición del Salario Docente.
El oficialismo, por su parte, defenderá su postura sobre la administración de los fondos públicos y cuestionará el manejo presupuestario de algunas instituciones.
La discusión no se limita a una diferencia de cifras, también refleja el enfrentamiento político por el rol del Estado y el alcance del ajuste fiscal sobre la educación superior.
Mientras el Gobierno sostiene que debe ordenar las cuentas públicas, los sectores opositores advierten que la insuficiencia presupuestaria compromete el funcionamiento de las universidades y las condiciones laborales de quienes trabajan en ellas.
Los pedidos de mayores recursos no provienen únicamente de los espacios opositores más críticos. Legisladores de bloques dialoguistas también presionan para que el Presupuesto contemple las necesidades del sistema universitario. Estos reclamos podrían complicar las negociaciones del oficialismo para conseguir los apoyos necesarios para avanzar con el proyecto de Presupuesto 2027.
De acuerdo con los datos difundidos en el marco del reclamo, el presupuesto universitario de 2026 se encuentra un 25,3% por debajo, en términos reales, de los niveles de 2023. Los salarios docentes, en tanto, registran una caída real del 24,2% respecto de ese año.
Las organizaciones universitarias sostienen que la pérdida de poder adquisitivo y la falta de actualización de las partidas afectan tanto las condiciones de enseñanza como las posibilidades de investigación y desarrollo científico. El Gobierno, en cambio, mantiene su defensa del esquema presupuestario y de su política de administración de los recursos.
El proyecto del Presupuesto 2027 ingresó a la Cámara de Diputados el 15 de septiembre y establece las previsiones de recaudación, el resultado fiscal esperado, el nivel de gasto público y las partidas destinadas a las distintas áreas de la administración nacional. Entre las principales proyecciones económicas, contempla un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 4%, una inflación interanual del 18% y un dólar a $1.847,60 para diciembre de 2027.
Con las universidades nuevamente en el centro de la disputa, el tratamiento del Presupuesto 2027 será una prueba política para La Libertad Avanza. El oficialismo buscará avanzar con su proyecto sin comprometer el equilibrio fiscal, mientras crece la presión de rectores, docentes, estudiantes y legisladores para que el ajuste no siga recayendo sobre la educación pública.
