El Gobierno extendió hasta junio de 2027 la suspensión de juicios fiscales y embargos para las pymes
La medida fue oficializada mediante una resolución del Ministerio de Economía y alcanza a micro, pequeñas y medianas empresas, pequeños contribuyentes, entidades sin fines de lucro y al sector de la salud. ARCA deberá instrumentar la prórroga.
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El Gobierno nacional oficializó la extensión de la suspensión del inicio de juicios de ejecución fiscal y de la aplicación de embargos y otras medidas cautelares para las pequeñas y medianas empresas (pymes). El beneficio tendrá vigencia hasta el 30 de junio de 2027 y también comprenderá a pequeños contribuyentes, entidades sin fines de lucro y organizaciones vinculadas al sector de la salud.
La decisión quedó establecida a través de la Resolución 1899/2026 del Ministerio de Economía, publicada este miércoles en el Boletín Oficial. La normativa encomienda a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementar la continuidad de este mecanismo de alivio fiscal.
La medida había sido anticipada por el ministro de Economía, Luis Caputo, durante la 32.ª Conferencia de la Unión Industrial Argentina (UIA), donde presentó una serie de iniciativas destinadas a brindar mayor margen financiero al sector productivo.
La disposición contempla a las micro, pequeñas y medianas empresas de los tramos 1 y 2 que cuenten con el Certificado MiPyME vigente al 29 de octubre de 2026, fecha en la que fue dictada la resolución. También estarán comprendidas las personas humanas y sucesiones indivisas que sean consideradas pequeños contribuyentes, de acuerdo con los criterios que establezca ARCA.
A su vez, la prórroga mantiene el beneficio para las entidades sin fines de lucro y los contribuyentes pertenecientes al sector de la salud, que ya estaban incluidos en el esquema de protección fiscal.
La normativa establece que ARCA deberá suspender el inicio de nuevos juicios de ejecución fiscal y la aplicación de medidas cautelares contra los contribuyentes alcanzados hasta el 30 de junio de 2027, inclusive.
Esto significa que los sectores comprendidos tendrán un plazo adicional de protección frente a determinadas acciones judiciales impulsadas por el organismo recaudador.
La decisión extiende un esquema que comenzó a fines de 2024 y que fue prorrogado sucesivamente durante 2025 y 2026. Con esta nueva disposición, el Gobierno busca dar continuidad al mecanismo de protección fiscal en un contexto en el que las pequeñas y medianas empresas enfrentan desafíos para sostener su actividad y cumplir con sus obligaciones.
