El Gobierno defendió la compra de tierras por extranjeros: “No hace perder soberanía”
La Casa Rosada respaldó la eliminación de las restricciones para adquirir campos en Argentina y aseguró que la medida busca facilitar la llegada de inversiones. La discusión volvió al centro de la escena tras un reciente fallo de la Corte Suprema y en medio de nuevos movimientos en el Congreso.
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El Gobierno nacional volvió a defender la posibilidad de que ciudadanos y empresas extranjeras compren tierras rurales en Argentina y sostuvo que ese tipo de operaciones no implica una pérdida de soberanía para el país.
El vocero presidencial, Adrián Ravier, respaldó el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual se derogó la Ley 26.737 de Tierras Rurales, que establecía límites a la propiedad de campos por parte de extranjeros. Según explicó, la intención oficial es reducir restricciones y favorecer el ingreso de capitales destinados a actividades productivas.
“De ninguna manera que un extranjero compre una tierra en la Argentina le hace a la Argentina perder soberanía”, afirmó Ravier durante su conferencia de prensa. Además, planteó que las regulaciones anteriores limitaban inversiones y el desarrollo de diferentes actividades económicas.
Como ejemplo, mencionó la posibilidad de que inversores del exterior adquieran campos para desarrollar producciones de limones en Tucumán, cereales en La Pampa o frutas en Río Negro, entre otros proyectos. El funcionario aseguró que el objetivo del Ejecutivo es que las tierras puedan recibir mayor inversión extranjera.
La discusión se reactivó después de que la Corte Suprema revocara un fallo de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154. El máximo tribunal tomó la decisión al considerar que el Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata, que había iniciado la demanda, no tenía legitimación para impulsar esa acción. Sin embargo, la Corte no se pronunció sobre la constitucionalidad de fondo de la derogación de la Ley de Tierras.
Con esa resolución volvió a quedar vigente la derogación de la norma que establecía, entre otras condiciones, un límite general del 15% para la propiedad extranjera de tierras rurales.
El tema también mantiene abierto un frente en el Congreso, donde sectores opositores buscan avanzar contra el DNU 70/2023. El decreto ya había sido rechazado por el Senado y su continuidad depende también de lo que ocurra en la Cámara de Diputados.
A la vez, la discusión judicial continúa: este martes la Corte Suprema dispuso incorporar dos conjueces en otra causa que cuestiona la eliminación de los límites a la propiedad extranjera de tierras rurales, por lo que el debate todavía permanece abierto en los tribunales.
