El Gobierno busca avanzar en Diputados con la Ley de Soberanía Nacional
La iniciativa, conocida como Ley Malvinas, será tratada este miércoles en la Cámara baja. El principal foco de conflicto está puesto en los artículos que incorporan sanciones penales por injerencia extranjera, un apartado que genera cuestionamientos por sus posibles efectos sobre la libertad de expresión.
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Este miércoles, La Libertad Avanza buscará avanzar con la aprobación de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional en la Cámara de Diputados. El proyecto, conocido como Ley Malvinas, llega al recinto en medio de fuertes diferencias entre el oficialismo y los bloques dialoguistas, que cuestionan algunos de sus artículos y reclaman modificaciones de fondo.
Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados,convocó a una sesión para las 12:00, en la que también se tratará la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. La agenda legislativa incluye, además, acuerdos internacionales, convenios de transferencia de competencias judiciales y modificaciones al régimen de las pequeñas y medianas empresas.
El principal obstáculo para el oficialismo está en el Título VII del proyecto, denominado “Fortalecimiento de la soberanía en los procesos electorales”. Este apartado propone modificaciones en los códigos Electoral y Penal de la Nación e incorpora nuevas figuras vinculadas con la injerencia extranjera.
Los bloques opositores dialoguistas consideran que las modificaciones planteadas por el Gobierno no alcanzan para despejar sus preocupaciones. Durante las negociaciones solicitaron directamente eliminar ese capítulo, mientras que desde el Ejecutivo propusieron cambios en su redacción.
Uno de los puntos más controvertidos de la iniciativa es la incorporación de una figura penal relacionada con las campañas de injerencia extranjera. La propuesta original contemplaba sanciones para las denominadas campañas coordinadas de desinformación masiva. Sin embargo, el Gobierno modificó la redacción y propuso reemplazar ese concepto por el de “campaña de injerencia extranjera”.
El nuevo texto alcanza a acciones planificadas, sistemáticas o sostenidas, de carácter clandestino, engañoso, coercitivo o ilícito, que oculten su vínculo con un agente extranjero. También establece que debe existir conocimiento de esa relación y excluye expresamente actividades como el periodismo, la investigación académica, la actividad diplomática y la representación abierta de intereses. Pese a las modificaciones, la iniciativa mantiene penas de entre 5 y 12 años de prisión.
Desde la oposición advierten sobre la falta de precisión de la figura penal y sus posibles consecuencias sobre la libertad de expresión. También cuestionan las dificultades que podría generar demostrar la intencionalidad de las personas involucradas y su eventual vinculación con agentes extranjeros.
Para aprobar este capítulo, el oficialismo necesita reunir al menos 129 votos afirmativos, debido a que contempla modificaciones en la legislación electoral.
Uno de los objetivos centrales del proyecto es establecer un régimen de sanciones para quienes exploten recursos naturales sin autorización argentina en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.
La iniciativa contempla penas de prisión, multas calculadas en función de barriles de petróleo e inhabilitaciones para las personas y empresas involucradas en esas actividades. Además, establece restricciones económicas para quienes resulten sancionados, que podrían quedar impedidos de desarrollar determinadas actividades en el país, contratar con el Estado o acceder a beneficios fiscales y previsionales. El proyecto también introduce modificaciones en materia de seguridad nacional y legislación de inteligencia.
La sesión del miércoles tendrá como segundo tema de relevancia la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que regresa a Diputados luego de recibir modificaciones en el Senado.
Entre los cambios incorporados por la Cámara alta se encuentra la eliminación del requisito de una mayoría de dos tercios de ambas cámaras para remover a las autoridades y a los integrantes del Directorio de la entidad. El mecanismo de designación se mantiene. Los integrantes del Directorio serán propuestos por el Poder Ejecutivo y necesitarán el acuerdo del Senado mediante una mayoría calificada.
La iniciativa del Gobierno apunta a reforzar la preservación del valor de la moneda como función central del organismo, limitar los mecanismos de financiamiento estatal mediante emisión monetaria y establecer nuevas reglas para la distribución de utilidades.
El temario de la sesión también contempla el tratamiento del Acuerdo de Libre Comercio entre los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio y el Mercosur, además de una enmienda al Protocolo de Montevideo sobre el Comercio de Servicios del bloque regional.
Por otra parte, se debatirán convenios entre el Estado nacional y la Ciudad de Buenos Aires para transferir competencias judiciales penales y funciones vinculadas con la Justicia criminal y correccional de menores. Finalmente, los diputados analizarán modificaciones a la Ley 24.467, que regula el marco de las pequeñas y medianas empresas. La propuesta busca incorporar a las cooperativas dentro de los sujetos que pueden acceder al certificado MiPyME.
De esta manera, el Gobierno nacional pretende avanzar con su agenda legislativa antes de finalizar el período ordinario de sesiones. Sin embargo, las diferencias por la Ley de Soberanía Nacional vuelven a poner en evidencia las dificultades del oficialismo para garantizar el acompañamiento de sus aliados en el Congreso.
