El Gobierno ajusta su proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional

El Gobierno de Javier Milei busca modificar el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional sobre las Islas Malvinas para acercar posiciones con sus aliados parlamentarios y atender las advertencias formuladas por Estados Unidos. La iniciativa, presentada como una herramienta para reforzar el reclamo argentino sobre el archipiélago y proteger sus recursos estratégicos, quedó atravesada por una negociación política que también involucra cuestiones de defensa, seguridad e inteligencia.

La Libertad Avanza convocó para este martes a las 16:00 a un plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados. El objetivo es avanzar con un dictamen que permita continuar el tratamiento legislativo, aunque las conversaciones con los bloques dialoguistas siguen abiertas.

La discusión deja al Gobierno ante el doble desafío de sostener una iniciativa que presenta como central para la soberanía argentina y, al mismo tiempo, conseguir los votos necesarios para avanzar sin profundizar las diferencias con sus aliados internacionales y parlamentarios.
 

Uno de los principales puntos de conflicto es el régimen de sanciones previsto para compañías que participen en actividades de explotación de recursos naturales en Malvinas sin autorización argentina.

El proyecto alcanza operaciones vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas, entre ellas las relacionadas con el desarrollo del yacimiento Sea Lion, impulsado por las empresas Rockhopper y Navitas.

Estados Unidos advirtió sobre las posibles consecuencias que determinadas disposiciones podrían tener para compañías y fondos de inversión de ese país. Frente a esas observaciones, el oficialismo analiza delimitar con mayor precisión qué empresas quedarían alcanzadas por las sanciones, incluidos operadores, licenciatarios, proveedores y accionistas.

Desde el Gobierno, sostienen que la iniciativa busca fortalecer los instrumentos legales para defender los intereses nacionales. Sin embargo, las modificaciones que se negocian muestran que la redacción definitiva dependerá también de las consecuencias económicas y diplomáticas que puedan tener las disposiciones.

Las negociaciones no se limitan a las sanciones por la explotación de recursos. Otro de los puntos cuestionados es el alcance de las facultades que el proyecto otorga al Consejo de Seguridad Nacional, especialmente en materia de evaluación de inversiones y decisiones vinculadas con la seguridad. Ante los planteos de distintos sectores, el Poder Ejecutivo aceptó incorporar una comisión bicameral de seguimiento parlamentario. De acuerdo con los cambios anunciados durante el debate, el Gobierno deberá informar a ese organismo, dentro de las 48 horas, las medidas de seguridad que adopte el Consejo.

También está bajo revisión el artículo 111, referido a las sanciones por injerencia extranjera en procesos electorales y campañas de desinformación. La nueva redacción excluiría expresamente a periodistas, investigadores académicos y representantes diplomáticos, según lo informado durante las negociaciones.

El proyecto también enfrenta objeciones dentro de sectores que suelen acompañar las iniciativas del Gobierno, como es el caso del bloque Argentina Federal, conducido por Oscar Herrera Ahuad, quien expresó reparos sobre el alcance de la propuesta y el tratamiento conjunto de cuestiones vinculadas con Malvinas, defensa, seguridad interior e inteligencia.

El plenario previsto para este martes será una instancia clave para determinar si el oficialismo consigue avanzar con un dictamen o necesita prolongar las negociaciones. Mientras tanto, el proyecto continúa en revisión y su alcance definitivo dependerá de los acuerdos que puedan alcanzarse en el Congreso.

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El Marplatense