El canciller Pablo Quirno aseguró que notificó a 180 empresas por actividades en Malvinas
El anuncio se realizó en la Convención del IAEF en Puerto Iguazú. El Gobierno prevé un decreto reglamentario y una reforma legal para acelerar sanciones y exigir declaraciones juradas a inversores.
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El canciller Pablo Quirno informó que el Gobierno nacional notificó a 180 empresas vinculadas a la explotación hidrocarburífera en las Islas Malvinas, advirtiendo que deberán optar entre continuar operando en el archipiélago o afrontar sanciones en la Argentina.
El anuncio se realizó durante la 47ª Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), desarrollada en Puerto Iguazú, provincia de Misiones, en el marco de las medidas impulsadas por la administración de Javier Milei.
Durante su exposición, el funcionario explicó que la Ley 26.659 prohíbe la actividad en territorio nacional a las compañías que participen en la explotación de recursos en el Atlántico Sur sin autorización argentina.
“Cuando se dictó la ley en 2011, 2013, no existía Vaca Muerta, entonces no tenía ningún incentivo para decidir”, señaló. En ese sentido, agregó: “Hoy lo que estamos haciendo es justamente generar ese desincentivo, que tengan que elegir entre invertir en un terreno disputado con licencias ilegales o que vengan a Argentina con la seguridad jurídica y con mayor potencialidad de negocios… Van a tener que elegir”.
Asimismo, Quirno detalló que el Ejecutivo avanzará con un decreto reglamentario para agilizar la aplicación de sanciones sobre el universo de empresas involucradas, que incluye operadoras, aseguradoras y prestadoras de servicios técnicos y financieros. “Ya fueron anoticiadas la semana pasada de que cuidado, van a tener que elegir o van a ser sancionadas acá y van a tener que tener un proceso bastante complicado”, advirtió.
En paralelo, el Gobierno enviará al Congreso un proyecto de reforma de la Ley 26.659 que incorporará la obligación de presentar una declaración jurada para acceder al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), certificando el cumplimiento de la normativa. La iniciativa también contempla un mecanismo de reingreso al sistema para aquellas compañías que desistan de sus actividades en las islas.
