La Justicia dispuso audiencias presenciales en la causa Hotesur y Cristina Kirchner deberá asistir a Comodoro Py
El Tribunal Oral Federal 5 resolvió que el juicio oral por la causa Hotesur-Los Sauces se desarrollará de manera presencial y con tres audiencias semanales, una decisión que obligará a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner a concurrir a los tribunales federales de Comodoro Py durante el desarrollo del proceso.
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La definición fue adoptada este viernes durante una audiencia preliminar convocada para organizar el debate oral.
En el expediente también serán juzgados el diputado nacional Máximo Kirchner, el empresario Lázaro Báez y otros acusados vinculados a las sociedades investigadas.
Según se informó, el proceso contará con más de 40 imputados y entre 200 y 300 testigos, por lo que el tribunal dispuso un cronograma de tres jornadas por semana para avanzar con el debate. El juicio estará a cargo de los jueces José Michilini, Adriana Paliotti y Fernando Machado Pelloni.
La causa investiga presuntas maniobras de lavado de dinero, asociación ilícita y dádivas relacionadas con las empresas Hotesur y Los Sauces, pertenecientes a la familia Kirchner.
El avance hacia el juicio se produjo después de diversas demoras vinculadas a una pericia contable considerada clave para la causa. El estudio busca analizar contratos, balances y operaciones comerciales de las empresas involucradas para determinar si los montos abonados y las condiciones pactadas se ajustaban a los valores de mercado.
De acuerdo con la acusación, empresas ligadas a Báez y al empresario Cristóbal López realizaron pagos millonarios a las sociedades hoteleras e inmobiliarias de la familia Kirchner. Los investigadores sostienen que parte de esas operaciones habrían funcionado como una maniobra para introducir en el circuito legal fondos provenientes de actividades ilícitas.
La causa Hotesur-Los Sauces mantiene vínculos con el expediente Vialidad, en el que Cristina Kirchner y Lázaro Báez ya fueron condenados. En esta instancia, el tribunal buscará determinar si existió un entramado comercial y financiero entre las empresas de la familia Kirchner y compañías de empresarios que mantuvieron contratos con el Estado durante los gobiernos kirchneristas.
