Diputados aprobó una nueva ley de Discapacidad

La Cámara de Diputados aprobó durante la madrugada de este jueves un nuevo proyecto de ley de Discapacidad impulsado por el Gobierno nacional, luego de una extensa jornada de negociaciones con bloques opositores y la incorporación de modificaciones hasta último momento. La iniciativa consiguió 237 votos afirmativos, 9 negativos y 4 abstenciones, y ahora será girada al Senado para continuar su tratamiento legislativo.

El acuerdo permitió al oficialismo avanzar con una propuesta que busca reemplazar el régimen de emergencia vigente, cuya finalización está prevista para fines de 2026, por un marco legal permanente. El texto ratifica aspectos centrales del sistema actual, entre ellos las pensiones no contributivas, la actualización de los haberes por inflación y el esquema unificado de aranceles para las prestaciones destinadas a las personas con discapacidad.

El resultado fue producto de negociaciones que se extendieron durante toda la tarde y que incluyeron concesiones a distintos sectores de la oposición. Además de La Libertad Avanza, acompañaron el proyecto el PRO, la UCR, la Coalición Cívica, Unión por la Patria y gran parte de los bloques provinciales.

Los principales rechazos provinieron de diputados cordobeses de distintos espacios políticos, mientras que los legisladores de izquierda optaron por la abstención, en desacuerdo con la respuesta prevista para las deudas acumuladas con los prestadores. 

Uno de los puntos centrales de la iniciativa es la continuidad de las pensiones no contributivas por discapacidad, equivalentes al 70% del haber mínimo jubilatorio. El texto mantiene el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como principal vía de acceso al beneficio y establece que los haberes deberán actualizarse de acuerdo con la inflación.

También conserva la posibilidad de compatibilizar la pensión con un empleo registrado o la inscripción en determinados regímenes tributarios, siempre que los ingresos de la persona beneficiaria no alcancen o superen el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles.

Otro aspecto relevante es la continuidad del nomenclador universal de prestaciones y del arancel unificado. Este mecanismo busca evitar que las obras sociales, las empresas de medicina prepaga y las jurisdicciones provinciales establezcan valores diferentes para las mismas prestaciones.

Además, el proyecto incorpora garantías de acceso a la cobertura de salud para los titulares de las pensiones contempladas en la normativa, a través de programas que incluyen las prestaciones básicas previstas en la Ley 24.901.

La propuesta establece auditorías periódicas a cargo de la Secretaría Nacional de Discapacidad para verificar el cumplimiento de los requisitos de acceso y permanencia en el sistema. Los controles podrán realizarse mediante el cruce de información con organismos públicos, entre ellos la ANSES, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y el Registro Nacional de las Personas (Renaper).

El texto contempla la posibilidad de suspender preventivamente un beneficio ante incumplimientos objetivos, aunque incorpora garantías de debido proceso, notificación y mecanismos de restitución provisoria cuando corresponda.

En materia de financiamiento, se detallan partidas presupuestarias destinadas a sostener el sistema y se prevé la intervención del Tesoro si los recursos resultaran insuficientes. También se establece que el ingreso por beneficiario no deberá perder poder adquisitivo respecto del año anterior.

En relación con las deudas pendientes con los prestadores, el Poder Ejecutivo deberá publicar un cronograma de pagos dentro de los 30 días posteriores a la sanción de la ley y cancelar las obligaciones contempladas en ese esquema dentro de los 90 días.

El tratamiento del proyecto se desarrolló en medio de las diferencias generadas por las disposiciones sobre discapacidad incluidas en el proyecto de Presupuesto 2027. Ese texto contemplaba modificaciones que afectaban las condiciones de acceso a las pensiones, la compatibilidad con el trabajo formal y el esquema de aranceles de las prestaciones.

Frente a los cuestionamientos de la oposición y de organizaciones vinculadas con el sector, el oficialismo avanzó con una nueva propuesta que recuperó buena parte de las reglas vigentes y dejó de lado los principales cambios cuestionados.

Con la aprobación en Diputados, la iniciativa deberá ser analizada por la Cámara alta, donde continuará el trámite parlamentario. El amplio respaldo obtenido en la votación representa un factor relevante para la discusión legislativa que resta.

El objetivo del proyecto es establecer un régimen permanente para las prestaciones y pensiones por discapacidad, en lugar de depender de sucesivas prórrogas de la emergencia. 

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El Marplatense